Francisco Reséndiz
El Universal
El asesinato del diputado Jorge Bajos Valverde -amigo íntimo del gobernador Zeferino Torreblanca- se concretó en medio de supuestas maniobras de encubrimiento, favores personales y chantajes desde la Auditoría General del estado contra actores políticos de Guerrero.
Personal tanto de la Auditoría General del estado como colaboradores de confianza de Bajos Valverde -que incluso comentaron detalles sobre un viaje que hizo el diputado a Europa con dos matrimonios para festejar sus 50 años- narran:
"Antes de ese viaje se sabía que el diputado comenzó a salir con una mujer que le presentó el auditor general del estado, Ignacio Rendón Romero, la cual, se supo cuando ya había finalizado la relación, era supuestamente la esposa de un comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP) quien supuestamente traficaba con granadas.
"Ella fue secuestrada junto con su hijo de tres años y apareció asesinada el 9 de noviembre pasado, el menor fue dejado en libertad". Familiares de Bajos Valverde negaron que el legislador haya tenido alguna relación sentimental durante 2006.
"Al diputado Bajos Valverde, el auditor general, Ignacio Rendón Romero, le compartía invitaciones a jugar baloncesto o excelentes comidas, le presentó mujeres muy lindas y alguien cercano al auditor le sugirió en tono de broma negocios, pero Jorge Bajos siempre lo rechazó", dice un ex colaborador del diputado.
Un ex alcalde comenta:
"Es un asunto de encubrimientos al más alto nivel. Colaboradores del auditor se presentaron con alcaldes pidiendo a nombre de Rendón dinero de los ayuntamientos y favores a cambio de no darles problemas con la revisión de la cuenta pública".
En 2006 hubo acusaciones de alcaldes priístas contra el auditor por -dijeron- utilizar a la Auditoría General con fines políticos.
El inicio de la amistad
Después de iniciar la 58 Legislatura local, de la que Bajos Valverde era presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Rendón Romero, se convirtió en uno de los amigos más cercanos del legislador asesinado el 4 de enero en Acapulco.
Rendón Romero fue el contador de René Juárez Cisneros. En noviembre de 2002 el entonces mandatario estatal priísta echó mano de la mayoría del PRI en el Congreso local para colocarlo en la Auditoría.
La Ley de Fiscalización Superior de Guerrero, aprobada por esa mayoría priísta, garantizó la estancia de Rendón Romero en el cargo por ocho años y con posibilidad de mantenerse ahí un periodo más.
Sin embargo, en 2004 fue sancionado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Su función al frente de Auditoría General del estado se vio manchada porque el SAT suspendió al despacho privado Rendón y Auditores, propiedad de Rendón Romero, por seis meses -del 13 de diciembre de 2004 al 13 de junio de 2005.
Un documento del Congreso de Guerrero emitido en 2005, apunta que el auditor general del estado "fue sancionado a nivel federal y no interpuso medio de defensa por lo que acredita la comisión de irregularidades en su desempeño profesional y durante su gestión al frente de un organismo que requiere de su titular la autoridad moral y confianza para tan importante cargo".
"Al omitir esta información el auditor general a la Comisión de Vigilancia, incurre en una causal de inhabilitación, que obliga al Congreso a su inmediata destitución". Hecho que hasta esta fecha no ha ocurrido.
En el sitio web www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/ovirtual.htm0 se confirmó que el despacho de Rendón Romero tuvo la sanción "suspensión-09/12/2004" que inhabilitó a la empresa seis meses.
Cuentas pendientes
Rendón Romero se hizo amigo del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que dictamina el gasto del estado y los municipios con base en el trabajo de la Auditoría. Fue Bajos Valverde, junto con otros diputados, quienes decidieron dictaminar las cuentas públicas 2003 -revisadas por la Auditoría General del estado- de todos los municipios guerrerenses.
Rendón Romero decidió apoyar la decisión legislativa en mayo de 2006. Al final del año pasado se mantenía la decisión de ir a fondo en la revisión de las cuentas públicas y se puso al borde de la cárcel a tres ex alcaldes y en la mira de los guerrerenses a 10 ex presidentes municipales que hoy son diputados, entre ellos el presidente del Congreso local, Carlos Reyes Torres, además de un senador del PRD y tres diputados federales perredistas.
Guerrero tiene un presupuesto anual cercano a los 27 mil millones de pesos. La Auditoría General del estado se encarga de realizar la fiscalización de los recursos de los gobiernos estatal y municipal, y de las entidades descentralizadas que reciben partidas de estos recursos.
Esta instancia tiene un presupuesto de 40 millones de pesos anuales que son revisados únicamente por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría General del estado, integrada por cinco legisladores. El Congreso a su vez, con un presupuesto de 250 millones de pesos, entrega a la Auditoría un informe cada cuatro meses sobre el manejo de esos recursos.
Vinculan muerte de Bajos con la Auditoría estatal - El Universal - Los Estados
