El Senador del PRD, David Jiménez Rumbo denunció que el desarrollo turístico Bungalows Playa Azul, que se construye en la Laguna de Coyuca de Benítez, Guerrero, viola tres leyes federales, representa un caso de impunidad, tráfico de influencias, despojo a comuneros de sus tierras y pone en riesgo a los habitantes de la región ante los fenómenos hidrometeorológicos.
En conferencia de prensa, detalló que este complejo turístico es un conjunto de 46 cabañas de lujo construidas en las inmediaciones de la barra de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero.
"Este proyecto desde hace tres años ha puesto en grave riesgo los complejos y equilibrios ecológicos, y no trae ningún beneficio para los habitantes de la región, es decir, se han vendido y se han apropiado de zonas federales sin pago alguno, porque no le han comprado el terreno a ningún ejidatario. Están construyendo en la boca de la Coyuca, lo que irremediablemente traerá inundaciones", dijo.
David Jiménez Rumbo denunció que en Guerrero debido a su riqueza en ecosistemas, la misma Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, han privilegiado a las clases más poderosas: "son los mismos grupos caciquiles los que siguen controlando el patrimonio natural de los guerrerenses y los mexicanos", subrayó.
Destacó que fue cesado el delegado de Semarnat en la entidad, Leonel Lozano Domínguez, "de manera tendenciosa por el simple hecho de haber denunciado estas irregularidades" en la construcción del complejo turístico.
El senador perredista se propuso llegar al fondo del caso e investigar "quién tiene la fuerza para poder cesar delegados federales de manera tan fulminante en escasas horas", por lo que solicitará la comparecencia de los titulares de la Función Pública y Semarnat.
Lo anterior, para que aclaren por qué la defensa de los ecosistemas mexicanos trae como consecuencia la destitución de un funcionario, responsable de denunciar esta situación sobre el proyecto turístico Bungalows Playa Azul.
Al respecto, Leonel Lozano detalló que la Barra de Coyuca representa una zona de alto riesgo para los asentamientos, debido a que se trata de humedales, zona propensa al cambio de clima y a los constantes huracanes, lo que ocasionaría una "grave tragedia", que no podría ser cubierta ni por el mismo Fondo de Desastres Naturales, dijo.
Explicó que este proyecto turístico no tiene previsto un plan de descarga y tratamiento de aguas residuales, lo que ocasiona que los desechos se vayan directamente a la laguna, con efectos graves para la población que se alimenta de los peces.
El ex delegado de Semarnat también denunció que Bungalows Playa Azul viola tres ordenamientos: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la de Aguas Nacionales, y la General de Bienes Nacionales
Por lo cual, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, que comprobó las irregularidades en la construcción de este proyecto turístico, sin embargo, "parece que se trata de otro caso de tráfico de influencias, ya que hasta la fecha, esa construcción sigue en pie".
Por su parte, Jorge Jiménez, asesor en materia de medio ambiente de la Cámara de Diputados y el Gobierno del Distrito Federal, informó que en lo que van de los últimos ocho años, se han tenido que destinar "945 mil millones de pesos" de recursos públicos para rehabilitar ecosistemas dañados por construcciones similares a la de Bungalows Playa Azul.
Señaló que se privilegia el interés del capital privado por encima de la conservación ambiental, y a pesar de esto, las autoridades son impunes ante la problemática ambiental.
Estos hechos, dijo, obligan a que los legisladores trabajen en una normativa que proteja los humedales, las costas y promuevan la conservación de las especies y la sustentabilidad de los ecosistemas. Ya que "desgraciadamente las autoridades ambientalistas han actuado con un enfoque partidista".
Ante estos hechos, pidió a los Senadores que promuevan cambios constitucionales para que el Congreso de la Unión pueda ratificar al gabinete en materia ambiental.
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Juan José Belmonte
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