Pagan garantía de 100 mil pesos opositores a La Parota

Ejidatarios opositores al proyecto hidroeléctrico de La Parota entregaron en el Juzgado Octavo de Distrito un depósito por cien mil pesos como garantía ante posibles daños causados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) si llegado el momento no se les concede el amparo para suspender los trabajos de la presa.

     De acuerdo a la asesora legal del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Priscila Rodríguez Bribiesca, el depósito es parte de los requisitos solicitados por la jueza, quien a su vez decretó el pasado 12 de septiembre la suspensión definitiva de la presa.

      En entrevista, Rodríguez Bribiesca, dijo que nadie ha impugnado la decisión de la juez Octavo de Distrito de suspender los trabajos de CFE en los territorios de los Bienes Comunales de Cacauhatepec.

     Priscila Rodríguez explicó que el juicio de amparo que está en proceso es contra los efectos de la
autorización de impacto ambiental que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la CFE para edificar el proyecto hidroeléctrico.

     Pese a que su especialización es el Derecho Ambiental, la abogada reconoció que este es el primer caso que llevan de un amparo que busca proteger los derechos ambientales, "es muy difícil llegar al
Poder Judicial, las leyes ambientales son nuevas y no tienen los canales para que la gente acuda".

      Señaló que el ganar un amparo como el logrado días atrás es muy difícil y señaló que de ganarse el juicio de amparo se crearía un precedente importante para casos similares posteriores.

     Por otra parte, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, aseguró que el 80 por ciento de los recursos fueron reunidos pro los mismos ejidatarios, mientras que un 20 por ciento fue proporcionado por Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

 

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Juan José Belmonte Torres

Buscarán diputados deslindar responsabilidad a servidores públicos por inundaciones en Acapulco

La diputada local panista Jessica García Rojas, aseguró que mañana en el Congreso del Estado dará a conocer un punto de acuerdo para deslindar responsabilidades a los servidores públicos que autorizaron las construcciones en zonas inundables.

      En entrevista García Rojas señaló que mientras no se apliquen responsabilidades, "esta situación va a  seguir". El cabildo tiene la facultad de hacer cambios de suelo y muchas veces se autorizaron licencias sin tener uso de suelo. Primero tenemos que acabar con esa corrupción".

     "Es un fraude el que le hicieron a ellos (afectados), te están vendiendo una vivienda en una zona que se supone tiene toda la infraestructura de agua potable y pluvial entonces la gente espera no tener ningún problema", aseveró la diputada.

      Informó que en el punto de acuerdo se solicitará a Protección Civil federal y estatal que investiguen y revisen la zona donde diversas unidades habitacionales resultaron inundadas y declaren si es viable para que los afectados sigan viviendo ahí o se pueda hacer alguna obra para encauzar las aguas pluviales.

     Dentro del punto de acuerdo los diputados enviarán un exhorto a los inversionistas para que no se presten a corruptelas de políticos y funcionarios, y que tampoco las promuevan, ante la demanda de vivienda que hay en Acapulco.

      La legisladora guerrerense aseguró que en el punto de acuerdo sólo levantaría polémica un exhorto que están enviando a la ciudadanía para que se organice e inicie demandas penales, al cual el PRD se opone argumentando que no es responsabilidad de los diputados, "pero si somos sus representantes debemos ser los primeros en decirles qué debemos hacer".

      Cuestionó que siendo regidora en Acapulco, cuando sucedió la tragedia del huracán Paulina, la Sedesol, Conagua y una empresa especializada llevaron a cabo el diseño del Plan Director de Desarrollo Urbano, "sin embargo a través de tres administraciones acabaron con este plan".

 

 

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Juan José Belmonte Torres

Por anarquía del transporte la sociedad se hace justicia por propia mano: abogado

La quema del urbanero y los subsecuentes disturbios de la población, se deben a la anarquía del transporte y a la falta de orden por parte de las autoridades estatales y municipales, aseguró el abogado y expresidente de la Barra de Abogados, Andrés Octavio García Bustamante.

     En entrevista el abogado asegura que la corrupción en el transporte fomentada por las autoridades de distintos niveles de gobierno ha propiciado que, como en el caso del camión urbano incendiado el domingo pasado, la población tome la justicia en sus manos.

      Explicó que el Estado cuenta con leyes suficientes para regular tanto al transporte como los actos vandálicos que se registraron el domingo, en donde se violó la Constitución, según argumentó. Sin embargo lo que hace falta es voluntad para aplicarla.

     García Bustamante  cuestionó severamente a las autoridades de la Delegación de Transporte y Dirección de Tránsito municipal, quienes "no sirven para nada" y exigió la renuncia del alcalde Félix salgado y su gabinete "porque no cumplen con su responsabilidad".

     De igual forma hizo un llamado a los diputados para que legislen en contra de las autoridades que permiten actos de corrupción de las autoridades estatales y municipales en beneficio del transporte local.

     En otro orden de ideas, el dirigente del Bloque 4, Crecencio Díaz Soria, informó que este día, la señoras Rogelio Mojica, quien es dueña del camión incendiado, prresentara una denuncia penal por la quema de su unidad y en contra del chofer, cuya identidad se negó a revelar.

      Informó que están poniéndose de acuerdo con dirigentes de los siete bloques transportistas para implementar nuevas propuestas para regular al transporte, como lo es el extender una licencia especial de manejo y hacer un examen antidoping a los choferes.

 

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Juan José Belmonte Torres

Detienen a joven con más de cien dosis de cocaína en Acapulco

Elementos de la Policía Federal-Agencia Federal de Investigación, aseguró 102 dosis de cocaína y a Juan Carlos Salas Morales, en el puerto de Acapulco, en el marco del Operativo Conjunto Guerrero.
    Acompañados por un agente del Ministerio Público de la Federación, los agentes federales  realizaban un recorrido de vigilancia en la lateral de la Vía Rápida Acapulco-Pie de la Cuesta.
     Al notar la presencia de las autoridades policíacas, el inculpado, de 20 años de edad, intentó huir por la calle Vasco Núñez de Balboa del fraccionamiento Hornos, sin embargo, fue interceptado y asegurado en posesión de dos grapas de cocaína, ocultas entre sus ropas.
    Los agentes federales localizaron a pocos metros de distancia de donde fue asegurado Salas Morales, una bolsa negra de plástico conteniendo 55 envoltorios con cocaína en "piedra" y 47 dosis con el mismo alcaloide en polvo, listos para su venta ilícita al menudeo.
     El inculpado y la droga fueron puestos a disposición del Representante Social de la Federación titular de la UMAN, quien inició la integración de la averiguación previa PGR/GRO/ACAUMAN/283/2007, por el delito de Contra la Salud.


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Juan José Belmonte
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Por bloqueo, cancela Capufe tarjeta de libre paso a legisladores guerrerenses

Luego de que diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) bloquearan las casetas de peaje de la Autopista del Sol el pasado sábado, Caminos y Puentes Federales (Capufe) les canceló la tarjeta Yave de libre pago.

     Lo anterior fue denunciado por los diputados Ramón Almonte Borja y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, quienes fueron entrevistados por separado y   coincidieron en señalar que continuarán protestando en la Autopista.

      El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez calificó como una "declaración de guerra" la "represalia inadmisible" de Capufe al retirarles las tarjetas para que no cobraran peaje en las autopistas del país.

      Señaló que continuarán con las manifestaciones y próximamente podrían aventurarse a tomar de manera indefinida las casetas de la Autopista del Sol, además de que recordó que no participó en la protesta de sus compañeros, aunque reconoció que sí lo hizo en anteriores tomas.

      Por su parte el diputado federal Ramón Almonte Borja señaló que las tarjetas no son gratuitas, sino que Capufe carga todo el importe a la Cámara de Diputados mientras duren en su encargo los actuales legisladores, por lo cual no era una canonjía.

      El legislador federal reprochó la acción de Capufe y aseveró que el retiro de la tarjeta Yave no inhibirá protestas subsecuentes en contra del alto costo de la Autopista del Sol.

 

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Juan José Belmonte Torres

Turba sin control

camion incendiado
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Tomada de Diario 17

Queman urbano que mató a menor y atropelló a su madre

Gente enardecida quemó un camión urbano que minutos antes atropelló a un menor, causandole la muerte y dejando herida a su madre, informaron fuentes de la Dirección de Tránsito municipal.
    Los hechos se registraron alrededor de la una de la tarde cuando la señora Natividad Pineda Rodríguez y su hijo Daniel Pineda Rodríguez s disponían a cruzar la avenida Constituyentes a la altura del Mercado Central, en donde se ubican las oficinas de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN).
     Fue entonces cuando el camión urbano de la ruta Vacacional sin placas de circulación ni número económico, que era manejado a exceso de velocidad, atropelló a ambos, pasando las llantas de la unidad sobre la cabeza del menor y las piernas de la madre.
     Al instante el menor falleció y la mujer herida fue auxiliada por pasajeros y gente que se encontraba en el lugar de los hechos, mientras  el chofer se daba a la fuga.
    La ambulancia 023 de la Cruz Roja trasladó a la madre al Hospital Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que en el lugar de los hechos la gente indignada comenzó a arrojar piedras al camión que quedó abandonado.
     En poco tiempo los ánimos contra la unidad se caldearon y algunas personas comenzaron a incendiar la unidad, sin que elementos de Tránsito o de la Policía Preventiva municipal pudieran impedirlo.
     La gente se molestó aún más debido a que la camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo) tardó más de dos horas en llegar al lugar del accidente, tiempo que permaneció el cuerpo del menor destrozado en el pavimento.
    Al lugar llegaron los agentes del Ministerio Público Verónica Burder y Enrique Beltrán Lópes, a quienes la gente les dijo que ya no se podía hacer nada e iba na tomar justicia por propia mano.
     La gente enardecida atacó a reporteros y camarógrafos que llegaron a cubrir el hecho. A varios les quitaron las cámaras fotográficas y despedazaron las memorias flash. Al reportero gráfico del periódico El Sur, Jesús Trigo, le dieron un golpe con un tubo de acero en la cabeza y le robaron su teléfono celular.
     A un camarógrafo de la televisora permisionaria, Radio y Televisión de Guerrero le dañaron la cámara al no poder sacar el cassette de video. Los hechos fueron observados a distancia por las autoridades policiacas sin que actuaran protegiendo a los comunicadores.


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Juan José Belmonte
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