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La intromisión de Gobernación en Notimex esboza un intento del gobierno calderonista por perpetuar su poder

El pasado 15 de marzo, Aurelio Bueno presentó su renuncia como director de la agencia de noticias Notimex, con una carta al presidente Felipe Calderón absolutamente insólita por cuanto revelaba. "Recientes acontecimientos. han vulnerado mi función, y se alejan de los principios correctos que deben anteceder a la creación de la Nueva Agencia de Noticias del Estado Mexicano" , escribió. "La autonomía de esta casa de información. no es compatible con la intervención de las instituciones que, bajo el periodo de transición y la aplicación de la nueva ley que norma a esta agencia, deben ser respetuosas del trabajo periodístico de Notimex".

Bueno se refería, con ese lenguaje codificado, a lo que había sucedido el 20 de febrero anterior, cuando el subsecretario de Gobernación, Juan María Naveja, le ordenó despedir a la directora responsable de toda el área política, rompiendo el orden institucional de la agencia de noticias más importante del país e inaugurando la nueva ola de censura bajo el nuevo gobierno de Felipe Calderón. Ese episodio, revelado en este espacio el pasado 5 de marzo, y corroborado por el propio Bueno en una entrevista con la agencia española EFE tras su renuncia, nunca fue desmentido por Naveja o desautorizado por nadie en el gobierno federal.

La lucha entre gobiernos y medios no es nueva ni tampoco exclusiva de México. Se da en todo tipo de sociedades, particularmente en las democracias, donde la dinámica de los sistemas políticos abiertos tienen en ese juego uno de sus subproductos. En meses recientes se ha sabido del congelamiento de publicidad al que se sometió a José Gutiérrez Vivó, una de las leyendas de la radio nacional, en el contexto de su enfrentamiento con el Grupo Radio Centro, y también de cómo, por su abierta inclinación por el ex candidato Andrés Manuel López Obrador, otra figura, Ricardo Rocha, fue saboteado por anunciantes con lo cual su programa de mayor audiencia en Radio Fórmula se volvió inviable. Pero el tipo de carta que envió Bueno no tiene precedente, ni por el contenido expuesto arriesgando su larga carrera periodística, ni por la falta de eco público de una acción en extremo violenta del gobierno federal.

Los superiores que apoyaron la acción de Naveja deben haber calculado que la mezquindad gremial característica de la prensa mexicana les permitiría caminar impunes porque al final, se podría argumentar, sólo se trataba de la agencia de noticias del gobierno. Sin embargo, el cálculo está empezando a salir mal. Esta semana el senador del PRD Ricardo Monreal presentó un punto de acuerdo en la Cámara Alta donde se denuncia lo que está sucediendo en Notimex y exhorta al Ejecutivo a enviar al Senado la propuesta del nombramiento de su director general bajo la nueva ley, aprobada el 25 de abril pasado, donde se le da la categoría de Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Bajo ese reordenamiento jurídico, como expresó Monreal en su documento, Notimex dejaría de seguir "funcionando como apéndice de la Secretaría de Gobernación" para manejarse con autonomía de operación y decisión. "El retraso en el nombramiento definitivo del director general y la no instalación de los órganos de gobierno y consulta previstos por la ley se han traducido en una situación de incertidumbre laboral, indefinición administrativa, renuncias de directivos y, lo más grave, intromisiones políticas indebidas", apuntó.

Al incorporar la variable del nombramiento de director general bajo la nueva ley, Monreal abrió lo que es el fondo del debate. Después de casi 40 años de existencia y más de la mitad de lucha para que Notimex se convirtiera en una agencia de Estado, el gobierno de Vicente Fox presentó la iniciativa de ley que fue aprobada en abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio. Pero el propio gobierno foxista introdujo una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar la participación del Senado que, de acuerdo con esa nueva ley, podría objetar el nombramiento. Aunque nunca se discutió públicamente la razón por la cual la administración foxista buscó eliminar esa facultad al Senado, hay evidencias suficientes para argumentar que esa decisión obedeció a que el candidato del gobierno, Enrique Aranda, quien había sido director de Notimex y a la sazón era subsecretario de Gobernación responsable de medios, iba a ser objetado en el Senado en caso de que se propusiera su nombramiento. Aranda se quedó con ese nombramiento en la mano, y el entonces presidente electo Calderón decidió no enviar su propia propuesta hasta permitir que la Suprema Corte de Justicia decidiera sobre el recurso de "no objeción" impugnado al Senado.

En ese momento de enorme crispación y polarización política en el país, la parte más reaccionaria del gobierno federal quiso aprovechar la coyuntura para apoderarse de Notimex. Varios miembros de El Yunque fueron colocados en posiciones de decisión en Notimex, y miembros del Opus Dei vinculados a Fox y Marta Sahagún fueron protegidos en corresponsalías. Pero al darse cuenta que el Senado echaría para abajo el nombramiento de Aranda, el gobierno foxista se fue al contraataque con la controversia. El gobierno de Calderón se mantuvo en esa línea que, visto en el contexto del bosque, lo que está en juego es mucho más grande que Notimex. La "no objeción" del Senado que se impugna afectará, además, a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), que ve no sólo la competencia económica sino las prácticas monopólicas, a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente e, indirectamente, a los amparos en el caso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). La controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo pretende sentar precedente con el caso de Notimex para lograr nombramientos transexenales sin interferencia de ninguna institución y permitirle, hipotéticamente hablando, poder seguir teniendo influencia política e ideológica una vez terminada su gestión, sin importar si el gobierno entrante pertenece o no al mismo partido.

En el caso paradigmático de Notimex se juega una parte del futuro democrático del país, y muestra los intentos sibilinos del Ejecutivo por doblegar al Poder Legislativo mediante argucias legales. La Suprema Corte de Justicia tendrá que dictaminar en las próximas semanas sobre la impugnación a la no objeción del Senado, y su valoración y discusión no pueden dejar de ser acompañadas por un debate público. Los medios mexicanos no están, como en muchos otros casos, en la discusión de fondo. En el Senado se comienza a abrir ese debate. No hay que dejarlo solo. El futuro democrático no termina en que se cumpla la Ley que convierte a Notimex en una agencia de Estado, sino en evitar que el Ejecutivo pueda ir construyendo un aparato político e ideológico blindado por decreto, que no pueda ser sujeto de aprobación o rechazo por parte de los ciudadanos.


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