06 septiembre 2012
BAJO FUEGO - El caso Bajos
BAJO FUEGO
El caso Bajos
Por José Antonio Rivera Rosales
Este viernes abandonó la prisión Nicolás Cardoso Macedonio luego de recibir la absolución legal del juez sexto de lo penal, Víctor Alejandro Arellano Justo, quien decidió liberarlo por considerar que no existían elementos legales suficientes para fincarle responsabilidad por el asesinato del diputado José Jorge Bajos Valverde.
Cardoso, asistido legalmente por Jaqueline Orta Rodríguez, fue liberado al filo de las 16:45 horas de la tarde de Centro de Reinserción Social de Las Cruces, después de permanecer casi seis años recluido, imputado de ser el autor material del homicidio de Bajos Valverde.
La libertad concedida a Cardoso deja el caso en una situación de indefinición legal porque, si esta persona fue absuelto por un juez de reconocida capacidad jurídica, entonces ¿quién mató a Bajos?
El propio juez Arellano, según la nota publicada por El Sur en su edición del sábado pasado, advierte que la Procuraduría General de Justicia tendrá que trabajar en otras líneas de investigación y luego, en un tono críptico, consideró que pudiera haber otros indicios en otra línea relacionada con el tráfico de armas.
Y sí: siempre existieron versiones sobre un supuesto cargamento de armas en tránsito al estado de Guerrero, operación en la que estarían implicados algunos personajes del entorno cercano al entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
La aprehensión de Nicolás Cardoso Macedonio siempre estuvo envuelta en un ambiente de mucha confusión, así como la imputación de responsabilidad a los hermanos Eder y Aldy Manuel González Rodríguez, presumiblemente implicados en el homicidio de Bajos Valverde para sustituirlo en el Congreso por Jaqueline Orta Rodríguez, lo que esta persona negó siempre y en todo momento.
Finalmente los hermanos González Rodríguez, así como Cardoso Macedonio, fueron a dar a prisión acusados de haber planeado y perpetrado el asesinato del diputado Bajos, amigo de la infancia del exgobernador Torreblanca.
Pero otra versión, que involucra a varias personas del entorno personal del exmandatario, circuló siempre como una filtración persistente entre los intersticios del poder de aquellos años. Esa versión es la de un tráfico de armas como móvil del homicidio.
De acuerdo con esa versión, miembros del equipo de seguridad de Torreblanca Galindo, quienes presumiblemente actuaban por encargo de funcionarios de primer nivel, habrían pactado la compraventa de un cargamento de armas de hasta dos mil fusiles que revenderían con compradores ignotos.
Esa compraventa se habría llevado a cabo en lotes pequeños para que pasara desapercibida, pero no fue así y al parecer algún interés afectado por la operación reaccionó y atentó contra la vida del diputado Bajos para enviar un mensaje a los nóveles empresarios de armas.
Como el origen y talante mismo de la versión, nebulosa y oscura, el destino final del lote de fusiles nunca fue conocido ni se hizo pública esa parte de la investigación, que quedó, como la versión misma, en penumbras.
Pero algunas fuentes consultadas, sin embargo, que formaron parte del gobierno de Torreblanca, admitieron que personal de seguridad del mandatario habría participado en el tráfico de armas.
En todo caso, investigadores de otras instancias como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), conocieron la especie de un supuesto tráfico de armas que estuvieron rastreando sin resultados conocidos, por lo menos no públicamente.
El caso es que, al parecer de forma intencional, se echó tierra sobre esa versión de un tráfico de armas como móvil del asesinato del diputado Bajos Valverde.
Lo que sí trascendió desde los corredores clandestinos es que, antes de ser ejecutado, Bajos Valverde recibió amenazas de muerte que finalmente se concretaron aquella noche del 4 de enero de 2007 en el fraccionamiento Hornos Insurgentes, cuando salía de la emisión nocturna de noticias de Radio y Televisión de Guerrero (RTG).
Por cuenta propia, investigadores de la Policía Ministerial comenzaron a rastrear las citadas llamadas amenazantes y se encontraron que se hacían desde la zona de la colonia Garita y desde un área más céntrica.
Los números telefónicos de donde surgieron las amenazas de muerte en contra de Bajos Valverde son 744486-7702 y 744483-0503, que corresponden a sendas cabinas públicas ubicadas en la citada colonia así como en el perímetro de la avenida Cuauhtémoc.
Pero otras llamadas se generaron desde un número establecido al parecer en una oficina pública en la propia colonia Garita, o en su perímetro cercano, probablemente en una oficina de servicios comerciales. Ese número es el 744486-0529, que no está registrado como teléfono público sino como número comercial.
Así las cosas, volvemos al punto de partida: si de acuerdo con el razonamiento del juez nunca existieron elementos legales suficientes para imputar la responsabilidad del homicidio a Cardoso, entonces ¿quién ordenó el asesinato del diputado Bajos?
La Procuraduría de Justicia de Martha Elva Garzón tendrá que retomar el caso para ampliar el rango de la investigación, tal como está procediendo con el otro asesinato que cimbró a la comunidad guerrerense: el de Armando Chavarría Barrera, también diputado del Congreso local.
A estas alturas, resulta un imperativo jurídico, político y social el esclarecimiento de estos asesinatos que, entre 2007 y 2009, fueron la pauta que pareció desatar el infierno entre la sociedad del estado de Guerrero, con más de cinco mil muertes violentas ocurridas hasta ahora.
Si existió ese tráfico de armas y en ello estuvieron coludidos funcionarios de primer nivel del gobierno de Torreblanca, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero está obligado a llegar hasta las últimas consecuencias legales para deslindar responsabilidades.
Aclarar estos magnicidios sería el principio de una voluntad manifiesta por traer justicia a los guerrerenses. No más, pero tampoco menos.
Discursos en la Convención Nacional Democrática
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Repunta violencia de género en Guerrero
De mil 300 atenciones que brinda el área de defensa de Tlachinolla, 70% (600 casos) son de mujeres víctimas de violencia de género o porque se les niega el servicio de vivienda, la salud y el derecho a la tierra.
Cuando la mujer decide denunciar al agresor, en las agencias del Ministerio Público (MP) se les niega el acceso a la justicia. Ejemplificó que cuando una mujer llega ante un MP, luego de ser agredida por su cónyuge y decide denunciarlo se enfrenta con el problema de que no hay personal especializado, sufren discriminación y no les levantan la denuncia “porque no tienen hojas”.
“Es muy difícil para una mujer poner una denuncia, cuando viene de comunidades lejanas y humildes y decide separarse de su agresor; le cuesta trabajo porque son mujeres que tienen hijos, y no hay centro de refugios ni albergues que le garantice encontrar la seguridad”, dijo.
Además, la abogada señaló que cuando hay mujeres con violencia sexual, las indígenas son revictimizadas debido a que en el Ministerio Público “le toman su declaración y la sicóloga, lejos de ayudarla y darle confianza, la cuestiona y la hace culpable”.
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