Por Jorge Romero Rendón
El llamado que hizo el auditor General del Estado, Arturo Latabán López a los alcaldes que entrarán en funciones, para que se desempeñen con honestidad y transparencia, es no solo oportuno sino urgente, ante el errático comportamiento de las administraciones municipales desde el año 2002 a la fecha, que en muchos casos han demostrado opacidad, corrupción e incluso el franco desfalco del dinero que se les ha confiado.
Desde hace diez años, cuando inició la fiscalización oficial de los recursos con la creación de la Auditoría General del Estado (AGE), han sido decenas de exalcaldes, extesoreros y exdirectores de Obras Públicas de ayuntamientos de todos los signos políticos, los que han sido sancionados e incluso inhabilitados por lapsos de hasta diez años para ejercer cargos públicos.
Esas sanciones, sin embargo, no han sido motivo suficiente para que se desarrolle en Guerrero una verdadera cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas. Sobre todo cuando al menos una decena de alcaldes en funciones fueron perdonados y prácticamente exonerados de toda culpa por el Congreso local saliente –operado por el perredista Faustino Soto, previa cooperacha de los acusados para aceitar los resortes legislativos a su favor-, que impidió se enjuiciara políticamente a quienes no entregaron –y en muchos casos siguen sin entregar- sus cuentas públicas a la AGE.
De ahí que el llamado de Latabán López tiene plena vigencia, pues justamente eso es lo que esperamos los ciudadanos de quienes gobernarán los 81 ayuntamientos de Guerrero durante los próximos tres años: que gobiernen con honestidad, que entreguen cuentas claras, que no desvíen los recursos y que edifiquen las obras que en sus campañas y en los futuros presupuestos de egresos se comprometieron y se van a estipular.
Claro que en el caso de la rendición de cuentas, Arturo Latabán no se ha quedado en meros llamados a cumplir con la ley, sino que de nueva cuenta está desplegando toda una campaña de capacitación y orientación, para que los nuevos gobiernos municipales cuenten con alcaldes y funcionarios bien informados sobre la metodología de contabilidad gubernamental vigente, para que sepan cómo entregar –a tiempo y correctamente- sus cuentas públicas semestrales y anuales.
Pero el buen juez por su casa empieza…
Sin embargo, más allá del llamado y de la obligatoria labor de capacitación que hace la AGE, no hay correspondencia entre el discurso y los hechos. La AGE no ha sido precisamente un ejemplo de transparencia ni de rendición de cuentas.
Por una parte, ha habido denuncias acerca de gastos personales excesivos, hechos tanto por Arturo Latabán como por sus funcionarios, sobre todo en restaurantes, bares y centros nocturnos; en viajes, gastos de representación, pago de telefonía, e incluso en la contratación de personal no necesario, pero que corresponde a familiares, recomendados y hasta amantes de quienes presiden las diversas áreas de la AGE y de diputados locales.
Sobre ese tema, que fue una de las causas por las que se difundieron serias denuncias en contra del anterior titular de la AGE, no ha habido aclaraciones públicas, ni se han aplicado programas de austeridad que se correspondan con el supuesto espíritu de rendición de cuentas, honestidad y de apego a la ley que pregona el titular de la AGE.
Por otra parte, la AGE simplemente no se ha abierto al escrutinio público, al limitar su propio programa de transparencia institucional, pues en su página oficial de internet o por algún otro medio NO ha divulgado su presupuesto, sus gastos operativos, los salarios del auditor general o de los auditores especiales, ni datos sobre los bonos o prestaciones que estos y el resto de los directivos reciben.
La AGE tampoco ha ofrecido claridad en el manejo de la información referente a exalcaldes y exfuncionarios municipales o estatales que han incumplido con la rendición de cuentas –todo queda en anuncios y no se sabe en qué paran los procesos- o que han desviado ostensiblemente recursos. Sobre esto, resulta sospechoso el silencio de Arturo Latabán sobre las negociaciones oscuras que han hecho los diputados locales en los casos de exalcaldes incumplidos y de alcaldes en funciones, "perdonados" por el Congreso local de ser sujetos de juicio político por el Congreso local.
En ese contexto, ni la AGE ni el Congreso le rinden cuentas a nadie sobre el uso de su presupuesto (los actos políticos en que el titular lee un informe no cuentan, pues son manipulados institucionalmente), a pesar de que en conjunto fiscalizan el manejo de recursos por parte de los ayuntamientos, de los organismos públicos descentralizados y del gobierno estatal.
De hecho, la AGE, dura para tratar el tema de alcaldes incumplidos, calla por completo al tratarse de OPD's y de funcionarios estatales. ¿Será que el auditor teme cuestionar al gobierno estatal, dada la desconfianza personal que el gobernador Ángel Aguirre Rivero ha demostrado hacia su gestión, y que llevó a que el mandatario le impusiera a un cuarteto de auditores especiales con los que atarle las manos?
¿Será porque Arturo Latabán presiente que podría no terminar su período de 8 años, y quizá no pase de diciembre en el puesto, por el descontento del gobernador con su trabajo?
Claro que hace falta honestidad y transparencia, pero el buen juez por su casa empieza. ¿O no?
Correo electrónico: rendon59@gmail.com
23 agosto 2012
Conspiraciones - Llamado de AGE a transparencia se contradice: Latabán no rinde cuentas - Columna
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