ACAPULCO, Gro. (apro).- La Contraloría General de Guerrero (CG), inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos, a trece funcionarios de la administración del exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo, por presuntos actos de corrupción.
Entre los sancionados se encuentran los extitulares de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado de Guerrero (Capaseg), Rodolfo Terán Flores, y de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero (Cicaeg), José Ortiz Adame, a quienes se les responsabiliza del desvío de poco más de 26 millones de pesos destinados para obras hidráulicas y construcción de carreteras.
El anuncio fue realizado esta tarde por el titular de la dependencia estatal, Julio César Martínez Hernández, durante una conferencia donde señaló que en breve interpondrá una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que se determine la responsabilidad penal de los exfuncionarios en este caso.
Este es el segundo paquete de funcionarios de la pasada administración que son inhabilitados por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero por supuestos hechos de corrupción, ligados al desvío de recursos públicos.
El pasado 10 de octubre la CG sancionó por seis años al extitular de Administración y Finanzas, Ernesto Cabrera Morín; así como a tres exdirectivos del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y uno más del consejo estatal de Seguridad Pública, por un desfalco de poco más de 100 millones de pesos del erario estatal.
Los señalamientos de corrupción de la anterior administración han desatado una confrontación entre el gobernador Aguirre y el exgobernador Torreblanca, quien desde la semana pasada convocó a sus excolaboradores a una reunión pública que se realizará este martes en Acapulco, donde presentará supuestas pruebas de actos de corrupción de la administración de su sucesor, el expriista postulado por el PRD Ángel Heladio Aguirre.
Por su parte, el gobernador Aguirre ha advertido que durante su administración no tolerará ningún tipo de impunidad, “trátese de quien se trate”.
Durante la clausura de la XXVI asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuradores, el viernes pasado, Aguirre dijo que solicitó a la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, que revise las demandas que su gobierno interpuso contra exfuncionarios de la administración de Torreblanca Galindo, por presuntos desvíos de recursos públicos.
Proceso
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