· Guerrero, en el último lugar de la tabla
Con el fin de proporcionar a la sociedad un instrumento que mida el nivel en que sus leyes garantizan el Derecho de Acceso a la Información (DAI), las organizaciones sociales Universidad Campesina del Sur, Sonora Ciudadana, Locallis, Fundar, Artículo 19, y Comunica presentaron de forma simultánea el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) en Guerrero, Sonora, Querétaro y Distrito Federal.
Este índice, cuya elaboración llevó poco más de un año, fue diseñado por investigadores de Fundar y Artículo 19 y busca tener un referente sobre en qué medida las reformas constitucionales han permitido garantizar a los mexicanos su derecho a la información y cómo se ha traducido en cada uno de los estados de la República. Mide tres grandes aspectos: 1) Las disposiciones normativas para garantizar el DAI, 2) El diseño institucional para el uso de las leyes de acceso a la información, y 3)Los procedimientos para el acceso a la información y la difusión de obligaciones de la transparencia. Los indicadores se plantearon en términos positivos, es decir, buscaron identificar avances en las distintas legislaciones de acceso a la información considerando como parámetros la Constitución del país (índice base) y el derecho internacional de los derechos humanos (índice de progresividad).
De acuerdo a esta medición, Guerrero tiene la ley que registró las peores evaluaciones y se ubicó en el último lugar de la tabla. Los aspectos en los que obtuvo calificaciones equivalentes a cero se encuentran la ausencia de disposiciones claras para el manejo de archivos, rendición de cuentas de los sujetos obligados al órgano garante y éste al Congreso, la ausencia de mecanismos para la remoción de comisionados y la resolución de conflictos de interés.
Entendemos que el reconocimiento jurídico del Derecho de Acceso a la Información es sólo uno de los grandes retos que existen para asegurar la libertad de información. Sin embargo, reconocemos también que aún cuando una buena ley no es suficiente para lograr el Derecho de Acceso a la Información, es una condición necesaria. Es decir, es la plataforma sobre la cual la realización de este derecho se debe construir.
El Legislativo estatal tiene ahora la oportunidad de aprender de las experiencias de otras entidades y tomar lo mejor de cada una de ellas para dotar a la ciudadanía guerrerense de una ley acorde con el espíritu democrático de sus habitantes y no anular, de facto, sus garantías constitucionales.
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Juan José Belmonte Torres
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