De acuerdo al subsecretario de gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Jesús Salas Moreno detalló que este proceso se originó desde el 2006 a raíz de una serie de denuncias por diversas irregularidades en contra del encargado de la notaria, Carlos Fernando España Roja y fue hasta el 11 de marzo del presente año cuando se dio el fallo resolutorio.
Sin embargo en cumplimiento al punto tercero de la resolución administrativa de fecha 17 de agosto del año 2006, se llevó a cabo la diligencia de desalojo y recuperación de documentos.
La acción fue hecha con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 85 fracción IV, 87, 141, 144, 156, 157 y 159 de la Ley del Notariado en vigor; 1, 2, 3, 11, 18 fracción I y 20 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno.
Salas Moreno informó que la documentación, expedientes y libros de protocolo recuperados serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes y se le dará continuidad a los casos que por alguna razón estuvieron retenidos.
"Todos los documentos van a estar a disposición del gobierno del estado y éste a su vez otorgará el servicio a la población que así lo requiera a través de copias certificadas. Se va a proporcionar un servicio que es obligación del gobierno y ya cuando haya un nuevo titular será él quien se encargue de todos los trámites", agregó.
Para atestiguar la ejecución de este ordenamiento se contó con la presencia de personal de la Secretaría de Gobernación de los departamentos de Vigilancia al Ejercicio del Notariado y Autenticación de Firmas, Amparos y Reversiones, de lo Contencioso y de Auxiliares Administrativos, quienes dieron fe de los hechos.
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Juan José Belmonte Torres
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