17 junio 2009

PROCESO.- El Acapulco de hoy: playas, metralla y granadas

| J. CARRASCO Y E. FLORES

ACAPULCO, GRO.- Para los civiles que quedaron en medio de la refriega fue “como la guerra”; y para las propias fuerzas federales resultó inesperada la gran capacidad de fuego y despliegue mostrada por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva en una sola noche y en tres zonas de Acapulco.
Una disputa entre dos lugartenientes de la organización, El Güero Huetamo y El Buche, terminó por involucrar al Ejército, que se enfrentó, en un hecho sin precedentes en el puerto, a una célula de sicarios proveniente de Sinaloa en la que participaban cuatro policías de ese estado (tres municipales y uno estatal).
El cártel de los hermanos Beltrán Leyva –originarios de Sinaloa– ya es el principal enemigo del Ejército en Guerrero. A raíz de la decapitación de nueve militares en Chilpancingo, hecho que no ha sido esclarecido por las autoridades ministeriales del estado, los militares emprendieron la cacería de operadores de los Beltrán prácticamente en toda la entidad.
En un combate que duró casi cinco horas, entre la noche del sábado 6 y la madrugada del domingo 7, efectivos del 56 Batallón de Infantería mataron a 13 sicarios de esa organización. Cientos de vecinos, tirados en el piso y escondidos en cualquier rincón que consideraban seguro, escucharon disparos de armas cortas y largas, y cómo esquirlas de granadas rompían vidrios, mellaban paredes y dañaban cuanto alcanzaban.
El tamaño de su angustia fue el de la oscuridad. Apenas había comenzado el tiroteo, alguien le disparó al transformador eléctrico de la avenida Rancho Grande, del fraccionamiento Las Playas, enclavado en la zona de Caleta y Caletilla, en el llamado Acapulco tradicional.
En el número 42 de esa serpenteada calle estaba una casa de seguridad de cuatro niveles, construida en los años dorados de Acapulco para uso particular y que durante un tiempo fue rentada para fiestas. Terminó como refugio y tumba de sicarios.
Dos militares murieron y nueve fueron heridos. Dos civiles fallecieron en el fuego cruzado. Varios sicarios lograron escapar, cinco quedaron detenidos y otros fueron muertos.
Un segundo choque armado ocurrió esa misma noche en la periferia norte de la ciudad portuaria, cuando agentes de la Policía Federal se enfrentaron por más de una hora a otro grupo de sicarios que desde fuera de Acapulco intentó llegar a Caleta para reforzar el ataque de los narcotraficantes en Las Playas.
Los sicarios fueron detenidos por un grupo de patrullas federales a la altura del punto conocido como El Retorno, de Paso Limonero. Oficialmente, ningún sicario murió o fue detenido en esta acción; pero sí murió una mujer de 36 años, y a su hijo de 15 años dos balas le perforaron los intestinos, y dañaron su columna y su cadera.
En el caso de las dos víctimas de Las Playas, la Sedena atribuyó la responsabilidad a los sicarios, aunque los civiles murieron del mismo lado en el que cayeron por lo menos cuatro narcotraficantes.
En el cuartel del 56 Batallón de Infantería, en Cumbres de Llano Largo, Acapulco, el comandante de la 27 Zona Militar, general Daniel Velásquez Ramírez, aseguró en el comunicado que leyó la mañana del lunes: “En el momento del enfrentamiento cruzaban por el lugar tres civiles, dos de los cuales fueron ejecutados por los sicarios (padre e hijo), mientras que el tercero (una mujer) pudo salvar la vida gracias a la oportuna intervención militar”.
Los 13 sicarios muertos trabajaban para la organización de los Beltrán Leyva; 10 de ellos eran originarios de Badiraguato, Navolato y Culiacán, en Sinaloa. Según pudo corroborar Proceso, cuatro eran policías de esa entidad: Víctor Manuel Cervantes Meza, quien perteneció a la Policía Estatal Preventiva, y José Antonio Rosas Rocha, Ernesto Soto Núñez y Carlos Lucio Castro López, que estuvieron adscritos a la Policía Municipal de Culiacán.
En su comunicación del lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los identificó como integrantes de una célula de los Beltrán Leyva e identificó entre los abatidos a su jefe, el “comandante Magaña”.
Al siguiente día de esa escueta referencia oficial a la identidad de los sicarios, se identificó a otros de los abatidos. Esto se consiguió a través del blog ytúquehacespormexico.blogspot.com, que se presenta con el subtítulo La maña de Acapulco.
Según ese espacio, El Huetamo y El Buche se repartían el control de Acapulco y estaban al servicio de los Beltrán. Pero el primero se pasó al grupo de El Chapo Guzmán, quien en enero de 2008 rompió su alianza con los Beltrán Leyva. De acuerdo con la PGR, el representante de El Chapo en Guerrero es el expresidentes municipal priista de Petatlán, Rogaciano Álvarez, de quien grupos antagónicos dicen que recibe protección del Ejército.
La citada bitácora electrónica precisó también que el nombre del “comandante Magaña” es Gerardo Magaña, originario de Sinaloa y quien durante 10 años fue jefe de escoltas de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, a quien en Acapulco conocen como El Señor de las Botas Blancas.
Desde hace dos años, la tarea de Magaña era “limpiar” las plazas de aquellos que traicionaban o desafiaban a la organización. Hace seis meses se estableció en Acapulco con el propósito de eliminar a El Güero Huetamo, originario de Huetamo, Michoacán.
Su logro más reciente, una semana antes, fue el levantón del comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Antonio López Damián, uno de los cinco detenidos por el Ejército en la casa de seguridad de Las Playas. La PGJE se deslindó de ellos argumentando que desde el 25 de mayo y el 3 de junio los judiciales se ausentaron de su trabajo.
De acuerdo con el blog, otro de los muertos en Las Playas fue El Chuky o El Moreno, ubicado como jefe de escoltas de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Asegura que éste conoció a El Chuky como jefe de seguridad en una discoteca de Monterrey. El espacio, cuyo acceso fue limitado esta semana, incluso presentó una fotografía de cómo El Chuky quedó muerto en una camioneta negra tipo Suburban cuando intentó entrar a la casa del enfrentamiento para rescatar al “comandante Magaña”. Sin mayores precisiones, señaló que también murieron El R y El Gato.

Frágil control

Desde enero de 2006, cuando se agudizó la disputa por el control de Acapulco, sus habitantes y sus ahora escasos turistas no habían padecido tanta zozobra.
El Ejército intensificó los patrullajes, cateos y revisiones por toda la ciudad. De cualquier forma, comandos armados asesinaron a cinco policías (tres preventivos municipales, un auxiliar del estado y uno privado), y los rumores sobre nuevos ataques, detenciones y enfrentamientos son mucho más creíbles que la tibia y tardía reacción del gobierno del perredista Zeferino Torreblanca.
El jueves 11, cuatro días después de la refriega, el gobernador dio la cara para hablar sobre la detención de cuatro agentes de la Policía Ministerial, a quienes la Sedena presentó como “los agresores”, es decir, supuestos miembros del cártel de los Beltrán Leyva.
Al igual que el titular de la PGJE, Eduardo Murueta Urrutia, Torreblanca calificó como “inspección rutinaria” la redada que el Ejército realizó esa mañana en distintas comandancias de la Procuraduría estatal en Acapulco.
Más de 100 militares participaron en la caravana que se encargó de revisar las armas de los agentes ministeriales. De manera extraoficial se informó de la detención de dos comandantes: Óscar Vásquez Mondragón, de la colonia Emiliano Zapata, y Raúl Ricardo Rodríguez Román, de la colonia Ciudad Renacimiento.
El viernes, el gobernador confirmó la liberación de un agente adscrito a la comandancia de Puerto Marqués y la detención de dos comandantes, pero evitó dar sus nombres.
A partir de los enfrentamientos de aquel fin de semana, la relación de las fuerzas federales con el gobierno de Guerrero, en particular con la PGJE, ha sido tensa. El martes 9, elementos de la Policía Federal encañonaron “por error” al propio Murueta durante un operativo de la corporación de la SSP en el centro de Chilpancingo, la capital del estado.
El procurador fue obligado a identificarse luego de que sus guardias quedaran rodeados por agentes federales encapuchados y que portaban armas largas.
Al día siguiente, miércoles 10, cuando eran identificados los cuerpos de los abatidos en el enfrentamiento de Las Playas, un jefe castrense que sólo se identificó como segundo comandante del 56 Batallón de Infantería se dirigió a la coordinadora del Servicio Médico Forense (Semefo), María del Rosario Atilano Caballero: “Necesito los nombres de todas las personas que están identificadas”.
Ante la reserva de la funcionaria, el supuesto militar insistió: “Soy el segundo comandante del 56 Batallón de Infantería y vengo a que me den los nombres”.
La funcionaria de la PGJE seguía reticente. El hombre se presentó como enviado no sólo de la Sedena, sino de la Procuraduría General de la República (PGR): “Vengo de la Sedena, de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) de la PGR. No sabe el problema en el que se va a meter si no colabora”, le advirtió a Atilano Caballero, quien por fin accedió.
La escena fue presenciada por reporteros a la entrada del Semefo, que permanece vigilado por el Ejército desde el domingo y que, a tres días de los enfrentamientos y a causa de los 37 grados en promedio que alcanzó el calor en el puerto, se llena con facilidad de los humores de la muerte.
Hasta la tarde del viernes, el Ejército continuaba con los cateos, principalmente en casas vecinas a aquella donde se registró la balacera principal, sobre la avenida Rancho Grande, en el fraccionamiento Las Playas. En el número 80 de esa calle fue decomisada una camioneta tipo Cheyenne de doble cabina, color arena, con placas 382-VXG del Distrito Federal.
Posteriormente, en una casa del fraccionamiento Las Américas, cerca de Caleta, los militares incautaron granadas, rifles y cartuchos, además de enseres personales y un busto de Jesús Malverde, el llamado santo de los narcos, venerado inicialmente en Culiacán.
Desde el domingo 7, camiones y humvees militares con entre 20 y 40 efectivos se desplazan por la ciudad constantemente. Ese día, catearon una residencia en Mozimba, una zona habitacional del poniente de la ciudad, en la salida hacia la Costa Grande.
La casa, que algunos vecinos identificaron como propiedad de El Buche, fue abandonada ese mismo día por las familias que habían llegado el fin de semana. “Estuvieron mujeres y niños. Todos se fueron desde la noche del sábado”, cuentan vecinos que atestiguaron cómo la residencia fue construida en unos meses.
También observaron cómo fue extraída una gran cantidad de cajas selladas con cinta canela. A media cuadra, otra casa –propiedad de un militar– fue balaceada esa noche. Sus habitantes la abandonaron al día siguiente.
Varios vecinos del fraccionamiento Las Playas dejaron su casa por miedo a que hubiera más enfrentamientos. Poco a poco regresan a sus propiedades, aunque una semana después ninguna autoridad municipal, estatal o federal se les ha acercado para hacerse cargo de los daños sicológicos y las pérdidas materiales sufridas.
Lo mismo ocurrió con los vecinos de Paso Limonero, cuyas fachadas recibieron varios impactos de bala y de esquirlas de granada. Incluso, a unos 10 metros, quedó perforado el anuncio espectacular de una cervecera sobre un montículo.
Para los vecinos de Las Playas, el enfrentamiento fue la culminación de una historia violenta que comenzó el 30 de enero pasado, con el asesinato a puñaladas de una vecina conocida como La More, quien junto con su hija y su yerno trabajó durante varios meses en la casa de seguridad de los Beltrán Leyva.
Ella vendía antojitos tras abandonar aquel trabajo, pero fue acuchillada por un grupo de jóvenes que le espetaron: “Para que dejes de andar de chismosa”. Tras el asesinato, la familia de La More abandonó el barrio y los vecinos decidieron callarse lo que saben sobre la constante presencia en la casa de desconocidos que llegaban en vehículos de lujo y organizaban ostentosas fiestas con grupos de música norteña.
El silencio se rompió la noche del sábado 6. Alrededor de las 19:00 horas, dos grupos de sicarios se tirotearon sobre la costera Miguel Alemán, a la altura de la sede de la CROM, en pleno centro de Acapulco. Testigos aseguran que el choque se prolongó hasta la zona de Caleta.
Una sección del 56 Batallón de Infantería, integrada por 50 elementos –incluidos algunos que estaban francos–, fue requerida para trasladarse a la casa de seguridad de Las Playas. Ahí fueron recibidos con granadas y armas largas. “No esperábamos una capacidad de fuego tan grande”, aseguró a Proceso un militar que participó en la “batalla”.
Murieron el capitán segundo Germán Parra Salgado y el soldado de Transmisiones Juan Loaeza Lanche. Algunos sicarios cayeron en el inmueble y otros cuando intentaron apoyar a los que estaban parapetados. Una cantidad indeterminada escapó gracias a que la casa colinda con moteles y viviendas construidas a un nivel más bajo, y saltaron a sus techos.
“Lo que pedíamos eran granadas, porque nos recibieron a granadazos”, contó otro de los efectivos, quien relató que desde la salida del convoy militar del cuartel de Cumbres de Llano Largo fueron seguidos por los llamados halcones, choferes particulares que están al servicio de los narcotraficantes. “Pero eso no fue nada, comparado con la intensidad del enfrentamiento”, reiteró.

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