Denuncia Greenpeace concesiones del gobierno a empresa en Acapulco - El Universal Online

Greenpeace, organismo internacional defensor del medio ambiente mundial, denunció que la Semarnat y la propia Secretaría de Marina (Semar), otorgaron a la empresa privada Aca Extremo La Roqueta S.A. de C.V., una concesión de 63 hectáreas en la Isla La Roqueta, del puerto de Acapulco, lo cual es considerado como un intento por privartizarla.
De acuerdo con la información de Cecilia Navarro, la Semarnat y la Semar, la concesión se concretó por medio de una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Sil vestre (UMA), y según en esas 63 hectáreas se construirá un zoológico con especies exóticas consideradas en peligro de extinción, como el mono araña y el ocelote.
También se autoriza a Fidel Magdalena Junco, Joaquín Haces Perdomo, Ana Victoria Junco Morante y María Cristina Perdomo Zepeda, dueños de la empresa, que construyan un delfinario, tirolesas, infraestructura para rapel, seis cabañas, cafetería-bar y una tienda, con una inversión inicial de tres millones 984 mil pesos.
Dijo que Greenpeace, posee información documentada de que los dueños de la empresa Aca Extremo La Roqueta, mintieron a la Semarnat y a la Semar, al afirmar que el proyecto solo incluye una remodelación, aparte de que no presentó documentación completa sobre el impacto ambiental ante la Profepa y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la propia Semarnat.
Agregó que pese al engaño la Secretaría de Economía, a través de los fondos para la micro, pequeña y mediana empresa (PyME), les entregó un subsidio de cuatro millones de pesos, monto al que se le sumará otra cantidad similar cedida por Agroindustrias del Sur, organismo público descentralizado del gobierno de Guerrero, todo a fondo perdido.
Lo grave señaló la vocera de Greenpeace, es que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, tolere el hostigamiento y persecución en contra de los ecologistas de Guerrero, y de facilidades, para obsequiar ocho millones de pesos a Fidel Magdalena Junco, quien tiene antecedentes de tráfico ilícito de fauna Silvestre.
Reveló que al supuesto empresario en el 2003, le confiscaron 500 tarántulas de procedencia ilegal en el aeropuerto del Distrito Federal, y es corresponsable de la muerte de cinco delfines que permanecían en cautiverio en Isla Mujeres, "como lo denunció el compañero Alejandro Olivera, coordinador de campaña de océanos de Greenpeace en México".
Indicó que este tipo de proyectos privatizadores de playas y zonas federales, es parte de un plan federal de ceder la administración de los 11 mil kilómetros costeros que tiene México, a los municipios del país, "lo que traería actos de corrupción a nivel municipal, como el que se pretende consumar en La Roqueta, de Acapulco".

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