ACAPULCO, Gro., 26 de diciembre.- Las autoridades estatales y federales buscan al agente de la Policía Ministerial Cesario Espinoza Palma, "el Ganso", por su presunta vinculación con la desaparición de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, afirmó este lunes el vocero del gobierno de Guerrero, Arturo Martínez Núñez.
"El Ganso" fue mencionado en las declaraciones que hicieron policías municipales y ministeriales de Tecpan de Galeana llevados ante la Procuraduría General de la República (PGR) para ser interrogados con relación a esa desaparición, señaló el funcionario.
Sin embargo, dijo desconocer si la calidad legal exacta de Espinoza Palma sea "prófugo" de la justicia por el caso de los ecologistas, quienes fueron bajados de un autobús el pasado 4 de diciembre en la Costa Grande, cuando se dirigían a Acapulco.
"Efectivamente es policía en activo, lo estamos localizando, no ha sido una labor fácil, no lo tenemos, digamos, no sabemos su paradero, pero la Policía Federal, la Procuraduría (General de la República) y la Procuraduría local han hecho y mantienen algunos operativos para lograr su captura e inmediata presentación para que declare sobre estos hechos", indicó Martínez Núñez.
Admitió que en los últimos días, Espinoza Palma no se ha presentado a la comandancia donde se encuentra adscrito e insistió que no está localizable, a pesar de que se cuenta con datos que podrían permitir ubicarlo.
También dijo que no es el único nombre que se mencionó en las declaraciones que hicieron los policías ante el agente del Ministerio Público federal, pero se abstuvo de precisarlos para no afectar la investigación que se lleva a cabo.
"Es correcto, tenemos todos sus generales, tenemos teléfonos, pero efectivamente el señor no está en donde debería de estar ni ha acudido a su centro de trabajo .... No puedo darles más informacion pues es parte de las investigaciones", agregó. jgm
Buscan a polic�a implicado en secuestro de dos ecologistas. Exc�lsior
27 diciembre 2011
23 diciembre 2011
Aumentan costo de transporte en Acapulco - El Universal - Los Estados
La Comisión Técnica del Transporte de Guerrero avaló el aumento de un peso al transporte urbano en Acapulco, por lo que a partir de hoy los transportistas cobrarán 6 pesos al pasaje.
El director de Transporte de la entidad, Juan Larequi Radilla, dijo que no habrá aumento a estudiantes y a personas de la tercera edad, para quienes el cobro seguirá siendo de cinco pesos y de seis para el resto de la ciudadanía.
"Serán los elementos de costo de operación de acuerdo a un estudio que realizamos y que permiten un aumento que sólo llega al peso", dijo el funcionario estatal. Señaló que los transportistas querían un aumento de 7.50 pesos.
Los camiones urbanos que circulan por la zona turística y colonias populares del puerto exhiben un aviso otorgado por el gobierno del estado en el que se señala que la Comisión Técnica del Transporte autorizó con fecha 22 de diciembre el aumento al pasaje de 6 pesos. Mientras que a estudiantes y a personas de la tercera edad a cinco pesos.
Aumentan costo de transporte en Acapulco - El Universal - Los Estados
El director de Transporte de la entidad, Juan Larequi Radilla, dijo que no habrá aumento a estudiantes y a personas de la tercera edad, para quienes el cobro seguirá siendo de cinco pesos y de seis para el resto de la ciudadanía.
"Serán los elementos de costo de operación de acuerdo a un estudio que realizamos y que permiten un aumento que sólo llega al peso", dijo el funcionario estatal. Señaló que los transportistas querían un aumento de 7.50 pesos.
Los camiones urbanos que circulan por la zona turística y colonias populares del puerto exhiben un aviso otorgado por el gobierno del estado en el que se señala que la Comisión Técnica del Transporte autorizó con fecha 22 de diciembre el aumento al pasaje de 6 pesos. Mientras que a estudiantes y a personas de la tercera edad a cinco pesos.
Aumentan costo de transporte en Acapulco - El Universal - Los Estados
La Jornada en Internet: Incendian sicarios dos camiones urbanos en Acapulco; no hay heridos
Acapulco, Gro. Un comando armado incendió dos autobuses del transporte público colectivo en la entrada de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, ubicada en la Zona Diamante de este puerto y en la que habitan unas 2 mil familias.
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 22:30 horas del jueves, ante la mirada de residentes y comerciantes del sitio, quienes manifestaron sentir temor porque los camiones fueran a explotar.
Al lugar arribaron elementos de Protección Civil municipal y bomberos, para sofocar las llamas.
Elementos de la Policía Federal resguardaron la escena y posteriormente establecieron patrullajes, filtros de revisión y vigilancia en calles aledañas a la zona y el Bulevar de las Naciones, para buscar a los responsables.
No se reportaron lesionados.
Una de las unidades resultó con pérdida con total y la segunda presentaba el frente quemado, así como los asientos.
La Jornada en Internet: Incendian sicarios dos camiones urbanos en Acapulco; no hay heridos
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 22:30 horas del jueves, ante la mirada de residentes y comerciantes del sitio, quienes manifestaron sentir temor porque los camiones fueran a explotar.
Al lugar arribaron elementos de Protección Civil municipal y bomberos, para sofocar las llamas.
Elementos de la Policía Federal resguardaron la escena y posteriormente establecieron patrullajes, filtros de revisión y vigilancia en calles aledañas a la zona y el Bulevar de las Naciones, para buscar a los responsables.
No se reportaron lesionados.
Una de las unidades resultó con pérdida con total y la segunda presentaba el frente quemado, así como los asientos.
La Jornada en Internet: Incendian sicarios dos camiones urbanos en Acapulco; no hay heridos
22 diciembre 2011
PGR regresa a Guerrero caso de los normalistas - El Universal - Los Estados
El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero, César de los Santos, informó que esa dependencia investigará el asesinato de dos normalistas, así como los delitos del fuero común cometidos durante el desalojo de una manifestación en la Autopista del Sol.
En entrevista, reveló que la Procuraduría General de la República (PGR) envió un desglose de la averiguación previa a la Procuraduría estatal para que se investigaran los delitos del fuero común incluyendo el homicidio de los normalistas, además de “lesiones, daños y lo que resulte”. También confirmó que por el asesinato de los dos estudiantes permanecen arraigados 12 policías ministeriales y estatales que ahora pasan a manos de la dependencia.
El pasado 12 de diciembre normalistas de la escuela rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, protagonizaron una protesta en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, Guerrero, y en la movilización se inició un enfrentamiento violento que derivó en el asesinato de dos estudiantes, presuntamente por parte de policías de alguna corporación.
Entrevistado en la residencia oficial Casa Guerrero, el recién nombrado encargado del despacho —tras la salida de Alberto López Rosas— informó que el pasado 16 de diciembre recibió el expediente, por lo que la PGR sólo indagará el caso por el delito de invasión de vías federales.
Crean comisión para el caso
Mientras, en la Ciudad de México la Permanente del Congreso de la Unión aprobó la integración de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones por el asesinato de los normalistas.
El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Guadalupe Acosta Naranjo, dio lectura al acuerdo para que se integre dicho grupo de trabajo con siete legisladores, uno de cada grupo legislativo.
El diputado proponente, Gerardo Fernández Noroña, aseveró que los manifestantes sólo pedían dialogar con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por lo que no debe tolerarse la represión de las fuerzas federales y estatales.
El presidente de la Comisión Permanente, Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), declaró la aprobación de que se integre en grupo de trabajo y pidió a las bancadas la designación de su representante.
Armando Ríos Píter (PRD), quien representa a Guerrero en la Cámara de Diputados, explicó que el trato desigual a los jóvenes de Ayotzinapa ha sido el mismo a través del tiempo: “Nada cambia. Ahora los cuerpos de dos estudiantes han quedado tendidos en la carretera. Se debe revisar el modelo educativo”, demandó.
Ayer el gobernador Ángel Aguirre Rivero aseguró que no solicitará licencia, como han pedido los normalistas, ya que ese asunto “ya no es tema de discusión”.
El mandatario insistió que para analizar lo sucedido se debe conformar una comisión ciudadana en la que se incluya a representantes de la sociedad civil y activistas como Javier Sicilia. (Con información de Juan Arvizu y Juan Cervantes)
PGR regresa a Guerrero caso de los normalistas - El Universal - Los Estados
En entrevista, reveló que la Procuraduría General de la República (PGR) envió un desglose de la averiguación previa a la Procuraduría estatal para que se investigaran los delitos del fuero común incluyendo el homicidio de los normalistas, además de “lesiones, daños y lo que resulte”. También confirmó que por el asesinato de los dos estudiantes permanecen arraigados 12 policías ministeriales y estatales que ahora pasan a manos de la dependencia.
El pasado 12 de diciembre normalistas de la escuela rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, protagonizaron una protesta en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, Guerrero, y en la movilización se inició un enfrentamiento violento que derivó en el asesinato de dos estudiantes, presuntamente por parte de policías de alguna corporación.
Entrevistado en la residencia oficial Casa Guerrero, el recién nombrado encargado del despacho —tras la salida de Alberto López Rosas— informó que el pasado 16 de diciembre recibió el expediente, por lo que la PGR sólo indagará el caso por el delito de invasión de vías federales.
Crean comisión para el caso
Mientras, en la Ciudad de México la Permanente del Congreso de la Unión aprobó la integración de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones por el asesinato de los normalistas.
El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Guadalupe Acosta Naranjo, dio lectura al acuerdo para que se integre dicho grupo de trabajo con siete legisladores, uno de cada grupo legislativo.
El diputado proponente, Gerardo Fernández Noroña, aseveró que los manifestantes sólo pedían dialogar con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por lo que no debe tolerarse la represión de las fuerzas federales y estatales.
El presidente de la Comisión Permanente, Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), declaró la aprobación de que se integre en grupo de trabajo y pidió a las bancadas la designación de su representante.
Armando Ríos Píter (PRD), quien representa a Guerrero en la Cámara de Diputados, explicó que el trato desigual a los jóvenes de Ayotzinapa ha sido el mismo a través del tiempo: “Nada cambia. Ahora los cuerpos de dos estudiantes han quedado tendidos en la carretera. Se debe revisar el modelo educativo”, demandó.
Ayer el gobernador Ángel Aguirre Rivero aseguró que no solicitará licencia, como han pedido los normalistas, ya que ese asunto “ya no es tema de discusión”.
El mandatario insistió que para analizar lo sucedido se debe conformar una comisión ciudadana en la que se incluya a representantes de la sociedad civil y activistas como Javier Sicilia. (Con información de Juan Arvizu y Juan Cervantes)
PGR regresa a Guerrero caso de los normalistas - El Universal - Los Estados
21 diciembre 2011
REFORMA - Alistan normalistas marcha en Acapulco
Acapulco (21 diciembre 2011).- Cientos de estudiantes normalistas de la escuela rural "Raúl Isidro Burgos" en Ayotzinapa se dirigen a este destino turístico en donde pretenden realizar movilizaciones en protesta por el asesinato de dos compañeros durante un desalojo del 12 de diciembre sobre la Autopista del Sol.
El contingente conformado por al menos 10 autobuses salió a las 10:15 horas desde la zona Centro y se espera que dentro de dos horas arriben al puerto en donde definirán su punto de reunión.
"Estamos planeando, todavía no definimos nuestras acciones", dijo el vocero de los normalistas, Marcos Cruz.
Hasta el momento, a nueve días del asesinato de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera, las autoridades ministeriales no han informado avances de la investigación así como la identificación de los presuntos responsables.
En tanto, la Policía municipal indicó que brindará todas las facilidades para agilizar el tráfico vehicular por el arribo de turistas.
El contingente conformado por al menos 10 autobuses salió a las 10:15 horas desde la zona Centro y se espera que dentro de dos horas arriben al puerto en donde definirán su punto de reunión.
"Estamos planeando, todavía no definimos nuestras acciones", dijo el vocero de los normalistas, Marcos Cruz.
Hasta el momento, a nueve días del asesinato de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera, las autoridades ministeriales no han informado avances de la investigación así como la identificación de los presuntos responsables.
En tanto, la Policía municipal indicó que brindará todas las facilidades para agilizar el tráfico vehicular por el arribo de turistas.
BAJO FUEGO - Ayotzinapa
BAJO FUEGO
José Antonio Rivera Rosales
Creadas en 1922 durante el mandato del general Álvaro Obregón como parte de un proyecto más amplio de educación popular, las escuelas normales regionales en todo el país, que después serían llamadas normales rurales, pronto se convirtieron en un paradigma educativo de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana.
El proyecto de las normales rurales, inspiradas en el modelo propuesto por el general Francisco Mújica de escuelas laicas y mixtas, pero vistas con recelo por la jerarquía eclesiástica, recibió un apoyo contundente de los gobiernos de Plutarco Elías Calles y del general Lázaro Cárdenas.
De hecho, entre 1922 y 1945, las normales rurales recibieron el apoyo irrestricto de los gobiernos postrevolucionarios que las definían como un proceso civilizatorio en el precario México de entonces.
Promovidas por Moisés Sáenz y Rafael Ramírez durante el gobierno de Obregón, en su origen las escuelas normales fueron concebidas como un modelo de integración política, social y cultural a partir de la idea, imperante en las teoría pedagógicas de esos tiempos, de que las escuelas tenían que contribuir a un proceso de reconstrucción nacional con el objetivo central del bienestar colectivo y la democracia. De hecho, esos fueron los principios que invocó Lauro Aguirre cuando fundó la Escuela Nacional de Maestros en la ciudad de México, en 1924.
En el proyecto, estas escuelas normales instauraban un concepto innovador en la misión educativa que consistía en formar a los futuros maestros en la educación laica y mixta, en la autodisciplina más que en la obediencia a una autoridad, en el sentido de responsabilidad con libertad, así como en un modelo de convivencia como en una familia.
Según el imperativo dominante entonces, el gobierno pretendía transformar la vida de los campesinos a través de la expansión de las escuelas rurales en México, teniendo al maestro como líder de la transformación social y cultural de las comunidades.
Así, entre 1922 y 1927 el gobierno creó 13 normales regionales en distintos estados del país para impulsar su modelo educativo popular socialista y llevar de este modo el alfabeto a los amplios sectores rurales que carecían del servicio educativo.
En este contexto histórico, el 2 de marzo de 1926 el gobierno de Calles autorizó la apertura de la Escuela Normal Rural de Tixtla, Guerrero, bajo la dirección del profesor Rodolfo A. Bonilla, un maestro más bien conservador que, sin embargo, impulsó un modelo de educación con plena libertad y responsabilidad entre los alumnos de la naciente escuela.
En 1927 la legislación federal estableció que las normales rurales contarían con internado y que, además, los alumnos contarían con becas.
Para 1928, Moisés Sáenz declaraba que el proyecto de las escuelas normales era un acierto y que, de las 13 que existían, 10 funcionaban satisfactoriamente, entre ellas la de Guerrero.
En 1932, con Narciso Bassols como secretario de Educación, se promovió la fusión de las escuelas regionales campesinas con las normales rurales, dando así forma final a las normales rurales tal como las conocemos actualmente, con un mecanismo de aprendizaje mixto que combina la formación académica con la enseñanza de técnicas agrícolas, en el modelo de vida en internado o albergue.
Como se dijo anteriormente, entre 1922 y 1945 las normales rurales recibieron un respaldo sólido de los gobiernos emanados de la revolución, lo que permitió construir un amplio programa de educación popular en todo el país, traducido como una oferta de educación para comunidades pobres.
A partir de 1950, este formato de educación comenzó a ser visto con sospecha por los gobiernos surgidos del partido oficial, que para entonces había consolidado su clientelismo electoral de masas iniciado durante el período de Calles.
En 1969, el modelo hizo crisis cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se percató de que las normales rurales habían tenido una participación destacada en el Movimiento del 68 que, como sabemos, fue aplastado por la represión y la fuerza militar.
Entonces, Díaz Ordaz desapareció a más de la mitad de las normales rurales en el país. Desde entonces, las escuelas sobrevivientes han venido sufriendo los embates de gobiernos cada vez más cargados a la derecha, que las han visto como una amenaza o, en el peor de los casos, como un semillero de guerrilleros.
Esto último en particular por la experiencia de Ayotzinapa, de donde emergieron maestros rurales que, como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, después se lanzaron a la lucha armada en contra del sistema político autoritario, lo que produciría un episodio de violencia política durante toda la década de los setenta. También fueron maestros rurales varios de quienes en 1965 lanzaron al ataque al cuartel Madera, en Chihuahua.
Empero, el gobierno federal se negó a entender que la explosión de guerrillas ocurrida en la década de los setenta se debió precisamente a la represión del 2 de octubre del 68, al unipartidismo así como a la carencia de libertades, síntomas que se habían comenzado a manifestar desde fines de los cincuenta con la protesta de los ferrocarrileros y de otros sectores sociales.
Todo esto viene a mención porque después del 12 de diciembre último en que dos normalistas fueron abatidos a tiros en la Autopista del Sol, muchas voces se han alzado para condenar a los jóvenes rebeldes de Ayotzinapa así como pedir la desaparición de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
De vándalos, delincuentes y hasta terroristas -Ramón Almonte, ¿recuerdan?- no los han bajado.
Y en parte muchos de sus detractores tienen razón. Sin embargo, si analizamos la evolución histórica que han tenido las normales rurales, siempre acechadas por los gobiernos en turno por lo menos desde 1960, lo que las ha convertido en entidades combativas, entonces habrá que entender que la burra no era arisca…
El choque entre normalistas y efectivos policiacos de diferentes corporaciones ocurrido al mediodía del 12 de diciembre tiene algunas lecturas que todavía falta por discernir.
En principio, la lectura política. Como en el caso del conflicto con los maestros -que estalló por negligencia y omisión de las autoridades educativas, lo que finalmente terminó en un acto de represión moderada en la Costera Miguel Alemán-, el choque entre normalistas y policías pudo ser evitado.
En el caso de los maestros, el paro de labores creciente se originó en un fenómeno verídico de inseguridad causado por la delincuencia organizada. Los maestros comenzaron a quejarse y, al no ser escuchados, aumentaron el volumen de su molestia originada en el miedo.
El extremo lo protagonizó un jefe policiaco de Acapulco que acusó a los mentores de querer extender sus vacaciones. Después, el exsecretario de Seguridad Ramón Almonte Borja declara a los medios que, como consecuencia de sus investigaciones, no existía ninguna amenaza a la integridad de los maestros, uno de los gremios mejor organizados en todo el país.
Resulta obvio que Almonte Borja siempre estuvo desinformado o tiene limitaciones de raciocinio -lo que se infiere de su consulta reciente a través de las redes sociales para decidir si se postula como alcalde de Acapulco-. ¡Puaff!
En todo caso, un grave problema de inseguridad que surgió en colonias de la periferia de Acapulco se convirtió de buenas a primeras en un grave conflicto político con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, situación en la que tuvo que mediar personalmente el mandatario para atender y contener la protesta magisterial.
Desde el principio fue la secretaria de Educación, Silvia Romero, quien desestimó la protesta de los maestros, quien se negó a dialogar con ellos y quien, finalmente, se hizo de lado cuando la crisis había desbordado.
Ahora, con los normalistas de Ayotzinapa sucedió igual: la secretaria de Educación toma a menos la rebeldía creciente de los estudiantes, los evade, los desatiende y, cuando el conflicto toca fondo, simplemente se hace de lado.
Otra vez, es Silvia Romero quien causó por omisión el grave conflicto. Por ello, debiera renunciar si tuviera un poquito de vergüenza.
La segunda instancia que debió encargarse de la mediación con los normalistas era el responsable de la política interna, es decir, Humberto Salgado Gómez, quien cumplió a medias con su encargo dado que por interpósita persona -el director de Gobernación, Moisés Alcaraz- se mantuvo atento a la protesta de los estudiantes. Pero aquí se debió agotar el diálogo y sólo entonces proceder al desalojo de la carretera con la fuerza pública.
Que el gobernador Aguirre fue quien ordenó el desalojo de los estudiantes, resulta obvio. Pero jamás ordenó que los dispersaran a balazos. Tendría que estar desequilibrado, tanto él como sus subordinados, para dar una orden de esa naturaleza.
Conociendo la vocación pacifista de Ángel Aguirre, Humberto Salgado y Alberto López Rosas, es claro que nunca nadie ordenó disparar en contra de los normalistas. Aquí existió algo extraño.
En todo caso falló la atención sectorizada, falló la mediación y falló la seguridad. ¿Qué fue lo que pasó?
Ayotzinapa
(1)
José Antonio Rivera Rosales
Creadas en 1922 durante el mandato del general Álvaro Obregón como parte de un proyecto más amplio de educación popular, las escuelas normales regionales en todo el país, que después serían llamadas normales rurales, pronto se convirtieron en un paradigma educativo de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana.
El proyecto de las normales rurales, inspiradas en el modelo propuesto por el general Francisco Mújica de escuelas laicas y mixtas, pero vistas con recelo por la jerarquía eclesiástica, recibió un apoyo contundente de los gobiernos de Plutarco Elías Calles y del general Lázaro Cárdenas.
De hecho, entre 1922 y 1945, las normales rurales recibieron el apoyo irrestricto de los gobiernos postrevolucionarios que las definían como un proceso civilizatorio en el precario México de entonces.
Promovidas por Moisés Sáenz y Rafael Ramírez durante el gobierno de Obregón, en su origen las escuelas normales fueron concebidas como un modelo de integración política, social y cultural a partir de la idea, imperante en las teoría pedagógicas de esos tiempos, de que las escuelas tenían que contribuir a un proceso de reconstrucción nacional con el objetivo central del bienestar colectivo y la democracia. De hecho, esos fueron los principios que invocó Lauro Aguirre cuando fundó la Escuela Nacional de Maestros en la ciudad de México, en 1924.
En el proyecto, estas escuelas normales instauraban un concepto innovador en la misión educativa que consistía en formar a los futuros maestros en la educación laica y mixta, en la autodisciplina más que en la obediencia a una autoridad, en el sentido de responsabilidad con libertad, así como en un modelo de convivencia como en una familia.
Según el imperativo dominante entonces, el gobierno pretendía transformar la vida de los campesinos a través de la expansión de las escuelas rurales en México, teniendo al maestro como líder de la transformación social y cultural de las comunidades.
Así, entre 1922 y 1927 el gobierno creó 13 normales regionales en distintos estados del país para impulsar su modelo educativo popular socialista y llevar de este modo el alfabeto a los amplios sectores rurales que carecían del servicio educativo.
En este contexto histórico, el 2 de marzo de 1926 el gobierno de Calles autorizó la apertura de la Escuela Normal Rural de Tixtla, Guerrero, bajo la dirección del profesor Rodolfo A. Bonilla, un maestro más bien conservador que, sin embargo, impulsó un modelo de educación con plena libertad y responsabilidad entre los alumnos de la naciente escuela.
En 1927 la legislación federal estableció que las normales rurales contarían con internado y que, además, los alumnos contarían con becas.
Para 1928, Moisés Sáenz declaraba que el proyecto de las escuelas normales era un acierto y que, de las 13 que existían, 10 funcionaban satisfactoriamente, entre ellas la de Guerrero.
En 1932, con Narciso Bassols como secretario de Educación, se promovió la fusión de las escuelas regionales campesinas con las normales rurales, dando así forma final a las normales rurales tal como las conocemos actualmente, con un mecanismo de aprendizaje mixto que combina la formación académica con la enseñanza de técnicas agrícolas, en el modelo de vida en internado o albergue.
Como se dijo anteriormente, entre 1922 y 1945 las normales rurales recibieron un respaldo sólido de los gobiernos emanados de la revolución, lo que permitió construir un amplio programa de educación popular en todo el país, traducido como una oferta de educación para comunidades pobres.
A partir de 1950, este formato de educación comenzó a ser visto con sospecha por los gobiernos surgidos del partido oficial, que para entonces había consolidado su clientelismo electoral de masas iniciado durante el período de Calles.
En 1969, el modelo hizo crisis cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se percató de que las normales rurales habían tenido una participación destacada en el Movimiento del 68 que, como sabemos, fue aplastado por la represión y la fuerza militar.
Entonces, Díaz Ordaz desapareció a más de la mitad de las normales rurales en el país. Desde entonces, las escuelas sobrevivientes han venido sufriendo los embates de gobiernos cada vez más cargados a la derecha, que las han visto como una amenaza o, en el peor de los casos, como un semillero de guerrilleros.
Esto último en particular por la experiencia de Ayotzinapa, de donde emergieron maestros rurales que, como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, después se lanzaron a la lucha armada en contra del sistema político autoritario, lo que produciría un episodio de violencia política durante toda la década de los setenta. También fueron maestros rurales varios de quienes en 1965 lanzaron al ataque al cuartel Madera, en Chihuahua.
Empero, el gobierno federal se negó a entender que la explosión de guerrillas ocurrida en la década de los setenta se debió precisamente a la represión del 2 de octubre del 68, al unipartidismo así como a la carencia de libertades, síntomas que se habían comenzado a manifestar desde fines de los cincuenta con la protesta de los ferrocarrileros y de otros sectores sociales.
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Todo esto viene a mención porque después del 12 de diciembre último en que dos normalistas fueron abatidos a tiros en la Autopista del Sol, muchas voces se han alzado para condenar a los jóvenes rebeldes de Ayotzinapa así como pedir la desaparición de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
De vándalos, delincuentes y hasta terroristas -Ramón Almonte, ¿recuerdan?- no los han bajado.
Y en parte muchos de sus detractores tienen razón. Sin embargo, si analizamos la evolución histórica que han tenido las normales rurales, siempre acechadas por los gobiernos en turno por lo menos desde 1960, lo que las ha convertido en entidades combativas, entonces habrá que entender que la burra no era arisca…
El choque entre normalistas y efectivos policiacos de diferentes corporaciones ocurrido al mediodía del 12 de diciembre tiene algunas lecturas que todavía falta por discernir.
En principio, la lectura política. Como en el caso del conflicto con los maestros -que estalló por negligencia y omisión de las autoridades educativas, lo que finalmente terminó en un acto de represión moderada en la Costera Miguel Alemán-, el choque entre normalistas y policías pudo ser evitado.
En el caso de los maestros, el paro de labores creciente se originó en un fenómeno verídico de inseguridad causado por la delincuencia organizada. Los maestros comenzaron a quejarse y, al no ser escuchados, aumentaron el volumen de su molestia originada en el miedo.
El extremo lo protagonizó un jefe policiaco de Acapulco que acusó a los mentores de querer extender sus vacaciones. Después, el exsecretario de Seguridad Ramón Almonte Borja declara a los medios que, como consecuencia de sus investigaciones, no existía ninguna amenaza a la integridad de los maestros, uno de los gremios mejor organizados en todo el país.
Resulta obvio que Almonte Borja siempre estuvo desinformado o tiene limitaciones de raciocinio -lo que se infiere de su consulta reciente a través de las redes sociales para decidir si se postula como alcalde de Acapulco-. ¡Puaff!
En todo caso, un grave problema de inseguridad que surgió en colonias de la periferia de Acapulco se convirtió de buenas a primeras en un grave conflicto político con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, situación en la que tuvo que mediar personalmente el mandatario para atender y contener la protesta magisterial.
Desde el principio fue la secretaria de Educación, Silvia Romero, quien desestimó la protesta de los maestros, quien se negó a dialogar con ellos y quien, finalmente, se hizo de lado cuando la crisis había desbordado.
Ahora, con los normalistas de Ayotzinapa sucedió igual: la secretaria de Educación toma a menos la rebeldía creciente de los estudiantes, los evade, los desatiende y, cuando el conflicto toca fondo, simplemente se hace de lado.
Otra vez, es Silvia Romero quien causó por omisión el grave conflicto. Por ello, debiera renunciar si tuviera un poquito de vergüenza.
La segunda instancia que debió encargarse de la mediación con los normalistas era el responsable de la política interna, es decir, Humberto Salgado Gómez, quien cumplió a medias con su encargo dado que por interpósita persona -el director de Gobernación, Moisés Alcaraz- se mantuvo atento a la protesta de los estudiantes. Pero aquí se debió agotar el diálogo y sólo entonces proceder al desalojo de la carretera con la fuerza pública.
Que el gobernador Aguirre fue quien ordenó el desalojo de los estudiantes, resulta obvio. Pero jamás ordenó que los dispersaran a balazos. Tendría que estar desequilibrado, tanto él como sus subordinados, para dar una orden de esa naturaleza.
Conociendo la vocación pacifista de Ángel Aguirre, Humberto Salgado y Alberto López Rosas, es claro que nunca nadie ordenó disparar en contra de los normalistas. Aquí existió algo extraño.
En todo caso falló la atención sectorizada, falló la mediación y falló la seguridad. ¿Qué fue lo que pasó?
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