ACAPULCO, Gro.— Una noche de mayo de 2010, Martín Hernández González reunió a sus colaboradores cercanos para anunciarles que dejaría la dirigencia del PRD en Acapulco a la mañana siguiente. El partido había entrado en una etapa de confrontaciones internas y no le interesaba ser parte de ello. “Fue la mejor decisión que pude tomar. No sólo el partido estaba desgastado, sino la figura del gobernador”, dice nueve meses después.
De ser una fuerza dominante en 2006, el PRD se desdibujó tanto que perdió los comicios de 2008 y 2009. Sólo ganó en 23 de los 81 municipios. En Acapulco, su principal bastión, el PRI obtuvo el triunfo con 30 puntos más de lo que había logrado en las votaciones previas, cuando Zeferino Torreblanca fue elegido gobernador.
“El desplome del partido no puede explicarse sin el desplome de Zeferino Torreblanca, y viceversa”, dice Hernández. “Esa situación tuvo que resolverse de la única manera que podía ser: buscando un candidato externo, en este caso del PRI, y eso para mí significa la desaparición de la izquierda, que se vale de un priísta para poder seguir existiendo. No se halló otra salida y eso es producto de las disputas internas, de las disputas por el poder y también de una disputa nacional”.
Con una vocación empresarial más que política, Torreblanca tiene a su favor la construcción de más de 6 mil obras para servicio público, dice Misael Medrano, dirigente estatal del PRD. “Eso equivale a dos o tres obras diarias, lo que nunca había hecho nadie”. Pero en el balance final que concede a los seis años de gobierno, acepta que el saldo negativo se encuentra en los problemas que más apremian a Guerrero: la pobreza y la seguridad.
“Sin duda Guerrero sigue siendo campeón en algunas cifras del oprobio, de la vergüenza. Sin embargo, una parte de eso es la herencia que dejó el arribo del grupo neoliberal encabezado por el PRI, y eso Torreblanca no lo iba a solucionar en seis años cuando los otros tuvieron 70 años para destruirlo. ¿Hay rezagos? Sí, pero tiene mucho que ver también con la forma en que se asignan los presupuestos federales”, dice Medrano.
Guerrero es una de las tres entidades con mayor atraso en materia educativa, de salud y de riqueza del país. Las estadísticas de la Secretaría de Salud local muestran que en cinco años aumentó la tasa de mortalidad: pasó de 3.7 por cada mil habitantes en 2005, a 5.6 por cada mil habitantes en 2010. En tanto, los avances en disminuir los índices de mortalidad materna e infantil mejoraron ligeramente.
En el estado ocurren 45 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que lo coloca en el lugar número tres dentro de los estados más violentos, por debajo de Chihuahua y Durango. Y de los 3.4 millones de guerrerenses, la tercera parte vive en pobreza extrema y son analfabetas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, dice que aumentó el descontento social y, ante ello, Zeferino Torreblanca optó por “judicializar” la protesta. “El panorama general en el estado, sobre todo en regiones indígenas y campesinas, fue de persecución y encarcelamiento”, resume.
Lo hecho en lo político y lo social estos seis años terminaron con un gobierno aislado, incapaz siquiera de influir en el juego de la sucesión, dice el politólogo César Cansino. “Los errores, los fracasos, los desencuentros que tuvo Torreblanca dejan la percepción general de que fue un pésimo gobernador, que ni siquiera tuvo capacidad para atender lo más básico. Y eso le costó mucho a la izquierda”.
Un priísta para salvar al PRD
Armando Chavarría era presidente del Congreso local y dirigente de la bancada del PRD cuando fue asesinado a tiros frente a su casa, la mañana del 20 de agosto de 2009. Como el más notable dirigente de la izquierda en la entidad, muchos lo veían como el sucesor de Torreblanca. A sus 52 años había sido diputado federal, senador de la República y secretario de Gobierno antes de buscar la diputación local en 2008. Su victoria ese año fue la más contundente del perredismo local.
“Armando era un político que venía de las fuerzas universitarias, que construyó todos los días el objetivo de ser gobernador”, describe Rogelio Ortega, director del Instituto de Estudios Políticos de Guerrero.
Al margen de especulaciones sobre el móvil del asesinato, el partido se resquebrajó. Con tan poco tiempo para las elecciones de 2010, no hubo más alternativa que buscar alianza política y un candidato externo, dice Ortega, quien fue uno de los asesores políticos de Torreblanca. “Cualquiera que hubiera sido el candidato, no sólo no le daba al PRD para ganar, sino que con cualquiera la fisura hubiera sido peor”.
El ex alcalde de Acapulco Alberto López Rosas fue diputado federal en 1997. En 2002 ganó la contienda que lo convierte en presidente municipal. Tras ese periodo fue inhabilitado por la Contraloría General del estado para ocupar cualquier puesto público durante tres años, a partir de 2005, debido a que no comprobó el destino de 5 millones de pesos pertenecientes al erario. Cinco años después de aquella resolución, en noviembre de 2010, un Tribunal Colegiado de la federación invalidó el dictamen de la contraloría.
La persecución política de la que López Rosas se dice objeto, describe el poco tacto político señalado al gobernador por sus mismos allegados, y el carácter represor advertido por sus críticos. Como alcalde, Zeferino Torreblanca buscó que Carlos Álvarez Reyes, el secretario de Finanzas, lo sucediera en el cargo. “Yo me atravesé a su proyecto y desde entonces fui hostigado y desprestigiado, junto con mi familia. A este gobernador se le puede reconocer su obra pública, pero sin duda se le debe reprobar por la ausencia de compromiso social y oficio político”, dice.
Marcos Efrén Parra es uno de los panistas más connotados de Guerrero. Su designación como candidato al gobierno del estado fue ordenada por la dirigencia nacional, en octubre pasado, lo mismo que su declinación en favor de Ángel Aguirre, el día previo a su cierre de campaña, previsto para el martes 25 de enero.
Al medio día del lunes 24 de enero recibió una llamada de Gustavo Madero, presidente nacional del PAN. Lo citó en Cuernavaca, con urgencia. Madero no quiso que Parra terminara su cierre de campaña de ese día, en Taxco. En el privado de un hotel, Madero le dijo que debía declinar a favor de Aguirre. “Me sentí de la chingada”, dice Parra.
Escaló la violencia
La bahía luce muy distinta desde lo alto del cerro 20 de Noviembre, en la zona del oriente, donde se encuentran las colonias más violentas de Acapulco. Cientos de viviendas chuecas y sucias se esparcen por colinas abruptas. En la cima del cerro hay casquillos de bala de grueso calibre y envases de cerveza tirados en el suelo. En la colonia vecina, Primero de Mayo, hombres armados con el rostro cubierto con pasamontañas asesinaron ese medio día a dos hombres: un jubilado y un taxista.
“No vamos a decir que todo está tranquilo en Acapulco, pero cuando matan a alguien, aunque sea en los límites de la ciudad, la gente de inmediato imagina la zona turística de Acapulco y se asusta y deja de visitarnos. Eso es lo que ha perjudicado a los comerciantes”, dice Imelda Paredes, representante local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
La magnitud del problema de Acapulco pudo verse en 2006, cuando varios agentes de la policía local fueron decapitados. Las autoridades atribuyeron la barbarie a la “disputa por la plaza” que sostienen organizaciones criminales. Escenarios con cuerpos desmembrados han sido constantes desde entonces. Apenas en enero, las autoridades hallaron los de 18 personas.
Durante la gestión de Torreblanca escaló la violencia. En 2005 Guerrero registró 706 asesinatos, por mil 124 en 2010, de acuerdo con la procuraduría estatal. Desde ese año la cifra fue en aumento hasta llegar a la cúspide en 2009, con mil 313 casos registrados.
El nivel de violencia acrecentó la percepción de inseguridad. Ante ello, el gobierno federal acordó con el del estado y el de la ciudad patrullar conjuntamente las principales calles de Acapulco, incluida la costera Miguel Alemán. Caravanas de policías y soldados artillados y con el rostro cubierto recorren noche y día la principal ruta turística del estado e instalan retenes al azar para exigir documentación de automóviles y personas.
“La mitad de los negocios ha cerrado por la crisis o por la inseguridad. Hay comerciantes en el área de mercados y algunos restauranteros que me dicen que pagan cuota, que son extorsionados. Y me pregunto, ¿para qué sirve tanto convoy?”, dice Laura Caballero, presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos sobre la Costera.
Abel Barrera, del centro Tlachinollan, dice que “los grupos delictivos lograron tener ciertos controles territoriales en algunas regiones del estado; estamos hablando de Tierra Caliente, el mismo Acapulco, la Costa Grande. Son regiones muy violentas, muy inseguras y, ante todo, donde el crimen ha desbordado las márgenes de la legalidad y está más allá de lo que pueden hacer las mismas autoridades”.
La región de la Montaña, donde tiene su base Tlachinollan, ocupa el primer lugar como zona de cultivo de amapola. “La economía criminal, que en la zona tiene que ver con la siembra de enervantes, se ha logrado enquistar en las estructuras comunitarias y ahora forma parte de la economía indígena”, advierte Barrera.
Empresarios, preocupados
Sobre una de las mesas de su restaurante, en la playa central de la bahía, Javier Saldívar ha colocado un platón de guacamole y al lado una botella de plástico con una onza de limón deshidratado. Lo acompañan otros empresarios a los que da a probar ambos productos. Los días previos envió dos toneladas de guacamole a Asia, congelado al alto vacío. Lo que hay en el platón es justo una muestra que no pierde textura ni sabor. Al polvo de limón sólo le agrega 100 mililitros de agua y queda listo. “¿Puedes creer que en Guerrero se desperdician 20 mil toneladas de limón por año?”, pregunta.
Saldívar es presidente estatal de la Cámara Nacional de Comercio y dirige también la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco. Hoy está metido en la tarea de agregarle valor a los productos locales. Piensa que las siete regiones de Guerrero tienen potencial ganadero, turístico, industrial y que de la mano de un gobierno “con voluntad” puede revertirse la pobreza y la migración que cada año asfixia más al municipio.
Acapulco provee 82% de la economía estatal. “La gente tiene que comer, y mientras los gobiernos no le lleven los recursos necesarios o el trabajo necesario, seguirá la violencia”, dice.
