Por José Antonio Rivera Rosales
Para fines del año pasado advertíamos que, pese a la Operación Guerrero Seguro, en 2012 habría un rebrote de violencia si no se actuaba en la atención de lo social.
Por esas fechas la presencia disuasiva del operativo de fuerzas federales había logrado inhibir parcialmente las acciones criminales que, muchas veces, se cometían a plena luz del día. Pero evidentemente los mandos policiacos y militares, tanto como la élite política, echaron muy pronto las campanas a vuelo celebrando la exitosa temporada invernal de turismo.
En efecto, la violencia que se había cebado particularmente sobre Acapulco, creando la percepción de que el puerto de había convertido en una ciudad fantasma, cedió de una manera bastante significativa en diciembre de 2011 sobre todo por la aprehensión de algunos jefes mafiosos de grupos delictivos en pugna que habían protagonizado una orgía de sangre desde enero de 2010, luego de la muerte del capo Arturo Beltrán Leyva.
Decíamos entonces:
“Demasiado pronto echaron campanas a vuelo las autoridades de Guerrero, que se han regodeado públicamente en su evidente triunfo sobre las bandas criminales que han asolado tanto al puerto de Acapulco como a las comunidades del interior del estado.
“Ha sido un triunfo visible, sí, pero también objetable. Hasta ahora el fenómeno de la violencia se ha observado, desde el gobierno, como un problema policiaco-militar, haciendo de lado la parte que constituye el verdadero reto en corto, mediano y largo plazo: la dimensión social.
“Claro que sería una mezquindad grosera no reconocer los avances del Operativo Guerrero Seguro a casi dos meses de su implementación, que han permitido un logro excepcional: traer de regreso al turismo nacional a este destino de playa, al mismo tiempo que hacer salir de sus hogares a miles de familias porteñas que, semanas antes, se refugiaban en sus casas aterrorizadas por la violencia imperante en las calles.
“Sin embargo, creer que la estrategia de contención desarrollada por las Fuerzas Federales terminó extirpando la violencia homicida, los secuestros, extorsiones y robos, constituye un yerro descomunal”.
Más adelante señalábamos:
“Estas son las cifras del verdadero problema de la violencia: una tercera parte de la población del municipio son jóvenes de los cuales un porcentaje aún no estimado, pero sin duda mayoritario, carece de oportunidades de estudio, desarrollo social y, mucho menos, de futuro profesional.
“Según diversos análisis consultados, la mayor concentración de jóvenes se registra en la zona urbana del puerto pero, con mayor énfasis, en la periferia de Acapulco, donde se estima en más de 100 mil el número de muchachos carentes de la menor oportunidad. Es decir, que pertenecen a familias pobres que viven del comercio en pequeño, del comercio irregular y del subempleo.
“Para dar una idea de la dimensión del problema, habrá que decir que la Universidad Autónoma de Guerrero apenas cuenta con capacidad para ofrecer espacio en sus niveles medio superior y superior a unos 10 mil estudiantes cada año, de los cuales muchos desertan porque no tienen ni para los camiones, menos para libros.
“Así pues, queda por atender el verdadero reto: lanzar un programa de rescate social integral de los cinturones de miseria en los que pululan quienes desde ahora aspiran a sustituir a los jefes criminales aprehendidos por la ley.
“Ello implica ofrecer a estos miles de jóvenes en condiciones de pobreza una oferta educativa accesible -esto es, en puntos equidistantes de la periferia del puerto-, becas, ayuda para alimentos, libros, generación de empleos de medio tiempo, centros de esparcimiento gratuito, atención gubernamental específica a focos potenciales de conflicto y un largo etcétera.
“El gobernador Ángel Aguirre Rivero tiene ante sí la oportunidad histórica de afrontar este reto. De no hacerlo, esta explosividad social se manifestará de una u otra manera, en corto o mediano plazo. Sería, pues, un inminente rebrote de violencia. Si no nos creen, sólo será cuestión de tiempo constatarlo, lo cual sería una verdadera desgracia.”
Por desgracia el vaticinio se ha ido cumpliendo.
Pero si las autoridades creen que las cosas han tocado fondo, debemos decirle que no es así: todavía pueden empeorar y, en nuestra opinión, así ocurrirá en breve.
La vertiente positiva en esta compleja fenomenología social radica en que el gobernador Aguirre efectivamente se ha percatado de que el problema de fondo es la atención a la educación y el combate a la pobreza. La parte negativa se traduce en que los esfuerzos son claramente insuficientes.
Aguirre se ha dado a la tarea, y apenas hace bien, de generar nuevas oportunidades de educación para la clase social más joven y desprotegida de Guerrero con la instauración de nuevas instituciones de educación superior, como es el caso de las nuevas universidades tecnológicas, las universidades interculturales y el campus local del Instituto Politécnico Nacional, que próximamente se instalará en Acapulco.
Sin embargo, sigue faltando un enfoque de atención integral a la problemática: esto es, la estructuración de un sistema de atención a la población joven que permita integrar y potenciar los esfuerzos, lo cual debe descansar en un cuerpo colegiado multidisciplinario de excelencia, que pueda desplegar esfuerzos con amplitud de miras y amplio respaldo del Ejecutivo.
Es imperativo incorporar a ese magno proyecto a personal que cuente con el perfil apropiado para una empresa de tal naturaleza. Jamás van a prosperar los programas si se sigue enviando a encabezarlos a un club de amigos, como es el caso del programa de alfabetización, que ha dado muestras inequívocas de que se encamina al fracaso. Eso sí, los responsables se retirarán con las alforjas cargadas de dinero.
Alfabetización, educación media superior y educación superior, en el contexto de una gran ofensiva que al mismo tiempo genere condiciones para la reactivación del mercado interno y la generación de empleo, así como un enfoque eminentemente social, constituye un todo que debe ser impulsado de la misma manera.
Aguirre Rivero está a tiempo de dar un golpe de timón para integrar esfuerzos pero, también, para expulsar del servicio público a quienes no funcionen o se dediquen al latrocinio. Claro que también debe recompensar a quienes arrojan resultados en su respectiva responsabilidad. Es, creemos, el momento de hacer una reflexión para tomar las decisiones más viables que permitan reimpulsar su proyecto de gobierno y reafirmar ante los guerrerenses su vocación de servicio.
En primer lugar, debe revisar el mecanismo de operación del Operativo Guerrero Seguro para garantizar efectivamente resultados tangibles ante la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables -que no son los maestros sino la población más pobre de Acapulco, inerme ante los choques entre bandas criminales y la expoliación de que la hacen víctima-.
De entrada el mandatario debe cambiar la estrategia de seguridad para impulsar una vigilancia proactiva basada en operaciones selectas de inteligencia, más que en simple patrullaje disuasivo, que se mantiene en los límites de la contención. El problema es que dichos patrullajes ni siquiera han logrado contener la violencia. Por el contrario, este esquema genera condiciones permisivas para las violaciones a los derechos humanos, tal como se ha constatado en las últimas semanas. (Tan sólo recuerden el caso de los jóvenes estudiantes de veterinaria, de la UAG, presentados como delincuencia organizada por la Policía Federal).
A la par, como ya se dijo, se impone una revisión profunda del magno proyecto educativo que debe integrar esfuerzos de todas las instituciones, generar apoyos externos y sustentarse en perfiles profesionales de excelencia para efectivamente dar resultados en beneficio de la ciudadanía, sobre todo de la ciudadanía más pobre -que es la mayoría, debemos decirlo-.
En tercer lugar, pero también a la par, establecer un principio de coordinación interinstitucional de la gestión económica que permita generar condiciones de inversión, reactivación del mercado interno, diversificación de la economía, generación de empleo y promoción permanente del turismo, sectores en los que deben reconocerse los buenos resultados de la gestión de Enrique Castro Soto y Javier Aluni Montes. Sin embargo, a estos funcionarios habrá que observarles que la precaria economía camina contra reloj.
Si estos esfuerzos se impulsan con un enfoque integral, con criterios de interés social y compromiso con el pueblo de Guerrero, con seguridad veremos resultados en el mediano plazo.
De lo contrario, más temprano que tarde todos nos veremos obligados a beber la cicuta. Y no tarda mucho para que ello suceda.
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