Por José Antonio Rivera Rosales
En pagos discrecionales a medios de comunicación, servicios y proveedores diversos, el gobierno de Manuel Añorve Baños erogó durante el primer semestre de 2011 una cifra global de 144 millones, 747 mil, 307. 03 pesos, de acuerdo con datos asentados en un registro oficial de débitos fiscales.
Por otra parte, un documento interno fechado en mayo de 2010 y dirigido al síndico Alejandro Porcayo Rivera establece que las dependencias "más gastadoras" de todo el ayuntamiento porteño son la Presidencia Municipal y el DIF, es decir, las oficinas bajo responsabilidad directa del alcalde Añorve Baños y de su esposa, Julieta Fernández Márquez, ambos candidatos a diputados federal y local, en forma respectiva, postulados por su partido, el Revolucionario Institucional (PRI).
Según dicho análisis, durante el período comprendido en el primer cuatrimestre de 2010, ambas dependencias (Presidencia y DIF) habían consumido la tercera parte del presupuesto anual del municipio.
El mismo documento previene que el Sistema Tonalli, que se supone ejercería un férreo control del manejo presupuestal, es operado discrecionalmente "por alguna instancia" dentro del propio ayuntamiento porteño, lo que se tradujo en transferencias irregulares de partidas presupuestales de una cuenta a otra.
Esa instancia operadora del Sistema Tonalli sólo puede ser la Secretaría de Finanzas del municipio, que en 2010 estaba bajo la responsabilidad de José Luis Ávila Sánchez, actualmente candidato priista a diputado federal por el noveno distrito con sede en Acapulco.
De acuerdo con información proveniente de fuentes internas del ayuntamiento, tan sólo por pago de medios y servicios de información, así como erogaciones destinadas al relleno sanitario, el ayuntamiento de Añorve pagó adeudos -en un corte fiscal hecho al 25 de noviembre de 2010- por un total de 108 millones 589 mil, 898. 80 pesos, según datos desglosados en el registro denominado Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (Adefas).
A ello habrá que agregarle los pagos a proveedores de servicios diversos a todo lo largo de 2010, con los cuales el gobierno municipal comprometió recursos por 36 millones 157 mil 408.23 pesos, siempre de acuerdo con la misma fuente de información. Ambas cifran arrojan la suma global citada arriba de 144 millones, 747 mil pesos.
Las Adefas son un instrumento fiscal de compromiso de pago usualmente utilizado por los gobiernos para garantizar el cumplimiento de débitos contraídos en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
En lo que respecta al período citado, las Adefas del municipio de Acapulco registran débitos de diciembre de 2008, del segundo semestre de 2009 y de compromisos contraídos a todo lo largo de 2010, que el gobierno de Añorve Baños debió liquidar a partir del ejercicio de 2011.
Esto significa que esos compromisos del gobierno de Añorve Baños excedieron la capacidad presupuestal autorizada para 2009 y 2010, lo que obligó a su administración a reprogramarlos para 2011, con el consecuente desfase presupuestal y posterior endeudamiento.
En todo caso, el citado registro muestra un manejo discrecional de recursos con diversos proveedores pero, señaladamente, con medios de comunicación. Inclusive en el registro aparecen débitos con periodistas que no tienen ninguna relación laboral con el municipio.
La advertencia
Ya desde mayo de 2010, mediante una "Ficha Informativa número 14" dirigida al síndico administrativo Alejandro Porcayo Rivera, actual candidato a diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Coordinación Administrativa y Financiera le advierte a esa sindicatura de irregularidades en el manejo presupuestal del Sistema Tonalli, mediante ampliaciones no autorizadas por un total de 174 millones de pesos registradas al 30 de abril de 2010.
El documento, denominado "Análisis del Primer Cuatrimestre de Egresos de 2010", enviado por un ingeniero Alirio J. Rojas, de la Coordinación Administrativa y Financiera de la Sindicatura Administrativa, establece que dichas ampliaciones se asignaron a las secretarías de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a cargo entonces de Adolfo Ménez Galeana; a la Secretaría de Desarrollo Social, cuya titular era en ese momento Erika Luhrs Cortés, y a la Secretaría de Seguridad Pública bajo la responsabilidad del general Héctor Paulino Vargas López.
En total, las tres dependencias contaban con un presupuesto global autorizado de 548 millones, 795 mil 678 pesos, pero con las ampliaciones la partida modificada asciende a 725 millones, 765 mil 989 pesos.
En el análisis, J. Rojas hace la observación de que el Sistema Tonalli hacía ajustes diarios al presupuesto autorizado (transferencias) de una dependencia a otra "por razones que por el momento se desconocen".
En el mismo documento, el analista recomienda al síndico Porcayo Rivera investigar ante las instancias que tenían la facultad de operar el Tonalli para determinar "si se trata de algo que esté dentro de la normatividad".
De inmediato viene la advertencia del analista sobre esa grave irregularidad en el manejo de los dineros públicos:
"Si éste es el caso, entonces la AGE (Auditoría General del Estado) ha de estar en conocimiento de ello y sería muy saludable para el buen ejercicio de sus funciones que esta Sindicatura sea informada sobre si tales ajustes se hacen:
- Automáticamente, mediante un algoritmo "inteligente" contenido en el diseño del Sistema Tonalli o,
- Manualmente, en cuyo caso es importante saber quién o quiénes le meten mano al sistema y con qué criterios puesto que se trata de hacer modificaciones diarias entre 166 partidas presupuestales y 378 cuentas".
Más adelante, J. Rojas le hace saber al síndico Porcayo que, si se trata de algo que no está permitido por la AGE, "entonces esta sindicatura deberá hacer la observación correspondiente a las instancias que operan Tonalli".
En su siguiente observación, el especialista establece, literalmente: "El punto importante a señalar es que, como consecuencia de esta práctica, autorizada o no, de aumentos y disminuciones diarias de los techos presupuestales por proyecto o cuenta, entonces el concepto de "suficiencia presupuestaria" para decidir sobre un gasto cualquiera durante las reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio ¡pierde todo sentido!".
Esto es, el Sistema Tonalli, diseñado para el control y operación del presupuesto, era manejado discrecionalmente por los responsables de los dineros del Ayuntamiento, responsabilidad que sólo podría recaer en la Secretaría de Finanzas a cargo de Ávila Sánchez, o por instrucción directa del propio alcalde Añorve Baños.
Los gastalones
Sin tapujos, el análisis establece que las dependencias "más gastadoras" del gobierno porteño son la Presidencia y el DIF municipales, es decir, las dependencias a cargo precisamente de Añorve Baños y su esposa Julieta Fernández, que en conjunto habían consumido, hasta esa fecha, la tercera parte del presupuesto anual del municipio.
En el punto número 4 del análisis, "Ejercicio del presupuesto por dependencia", el documento señala que al 30 de abril de 2010 se habían ejercido 380 millones 639 mil 717.6 pesos, que constituían el 21.5 por ciento del presupuesto anual modificado.
En el mismo apartado, el análisis expone con toda elocuencia: "Siendo las dependencias más gastadoras (la tercera parte o más del presupuesto) la Presidencia Municipal y el DIF Municipal", que por esas fechas habían ejercido 41 millones, 418 mil 439 pesos y 13 millones, 526 mil 849 pesos, en forma respectiva.
En lo general, siempre de acuerdo con la misma fuente,
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