Joseph Proctor dijo a su novia que saldría un momento a una tienda en un apacible poblado playero del sur de México al que se había mudado recién la pareja para comenzar una nueva vida.
A la mañana siguiente, el neoyorquino de 32 años estaba muerto dentro de una camioneta que se había estrellado en una carretera a las afueras de Acapulco. El cuerpo de Proctor presentaba múltiples impactos de bala. Tenía un fusil AR en las manos.
Conmocionada, su novia Liliana Gil Vargas fue citada a comparecer ante la Policía. Las autoridades le dijeron que Proctor había muerto en un enfrentamiento a tiros con una patrulla del ejército. Afirmaron que Proctor había atacado a los soldados desde su camioneta verde, la cual llevaba pintado en los cristales un letrero que la ofrecía en venta.
Incluso la Policía mostró a la mujer el arma que supuestamente portaba Proctor.
La madre del estadounidense, Donna Proctor, está destrozada pero se mantiene suspicaz.Desde entonces ha librado una batalla en el hermético sistema de justicia militar de México para saber qué ocurrió exactamente en aquella noche del 22 de agosto.
Hicieron falta semanas de presiones a los diplomáticos y legisladores estadounidenses para que la madre del occiso recibiera ayuda, pero finalmente obtuvo una respuesta y la compartió con The Associated Press.
Tres soldados están acusados de matar a su hijo. Dos enfrentan cargos de colocar el fusil de asalto en sus manos y de afirmar falsamente que él había disparado primero, de acuerdo con un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, enviado a la mujer mediante la embajada estadounidense en la capital mexicana.
Se trata al menos del tercer caso en el año en que los soldados mexicanos, quienes libran una sangrienta batalla con los cárteles del narcotráfico, son acusados de matar a civiles inocentes y de manipular las evidencias para encubrirse.
Escándalos semejantes están intensificando las exigencias para que sean investigadores civiles quienes se encarguen de casos que son manejados casi exclusivamente por fiscales y jueces castrenses. Los críticos consideran que los tribunales militares tendrían razones para no declarar culpables a miembros de las fuerzas armadas.
''Me repugna el hecho de que él haya muerto solo, con mucho dolor y en una forma injusta'', dijo Donna Proctor, una funcionaria judicial en Queens, durante una entrevista telefónica con The Associated Press. ''Quiero que a él se le recuerde como a una persona trabajadora. Nunca hubiera tomado un arma para dispararle a alguien''.
El presidente Felipe Calderón ha propuesto una iniciativa que ordenaría investigaciones civiles en todos los casos de tortura, desaparición y violación en los que estén presuntamente involucrados militares, pero otros abusos, incluidos homicidios cometidos por soldados en sus funciones, seguirían bajo la jurisdicción militar.
Ello incluiría el caso de Proctor y otros registrados este año, en que los soldados fueron acusados de usar tácticas de encubrimiento incluso más elaboradas.
El primero de esos casos involucró a dos estudiantes universitarios muertos en marzo durante un enfrentamiento entre soldados y presuntos narcotraficantes. El tiroteo se extendió hasta el campus de una de las universidades más prestigiosas, en la ciudad norteña de Monterrey.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) señaló que los soldados destruyeron cámaras de vigilancia, colocaron armas junto a los dos jóvenes y ocultaron sus mochilas, en un intento por afirmar que eran pandilleros. Los militares admitieron que los dos jóvenes fallecidos eran estudiantes, después de que intervino el rector de la adinerada universidad.
En ese caso, los militares y fiscales federales civiles realizan una investigación conjunta sobre las muertes, pero los militares están a cargo de la pesquisa sobre la presunta alteración de la escena del crimen.
En el segundo caso, dos hermanos, de 5 y 9 años, fueron muertos en abril dentro del automóvil de su familia en el estado nororiental de Tamaulipas. La comisión de derechos humanos informó en un reporte que no hubo un enfrentamiento y que los soldados hicieron disparos adicionales al vehículo, además de colocar dos autos más en la escena, para que todo se asemejara a un caso de fuego cruzado.
La Sedena ha insistido en su versión del tiroteo y niega que se haya tratado de encubrir a los militares.
La CNDH, un organismo público autónomo, ha recibido más de 4.000 quejas de abusos, incluyendo tortura, violación, asesinatos y desapariciones forzadas, desde que Calderón ordenó el emplazamiento de decenas de miles de soldados, en diciembre de 2006, para combatir a los cárteles en sus bastiones.
En 69 de esos casos, la CNDH ha recomendado acciones y la Sedena informa que investiga 67.
La familia de Proctor no entiende todavía por qué murió.
Donna Proctor dijo que su hijo odiaba tanto las armas que rechazó su sugerencia de seguir sus pasos profesionales y ser funcionario judicial, un puesto que requiere portar una pistola.
En vez de ello, comenzó a trabajar en la construcción y abrió después su propio negocio en Atlanta. El año pasado se mudó al estado central mexicano de Puebla con su esposa, nacida en México, y con su hijo pequeño, Giuseppe. Se divorció y su esposa regresó a Georgia.
Proctor permaneció en México con su hijo. Luego, se enamoró de Liliana Gil Vargas, mesera y madre de cuatro niños. Tras unas vacaciones en Barra de Coyuca, un poblado costero a las afueras de Acapulco, la pareja decidió mudarse ahí. El ciudadano estadounidense ahorraba para abrir un restaurante.
De acuerdo con el documento enviado a su madre, los soldados trataron de detenerlo para inspeccionar su vehículo. Afirman que huyó, lo que llevó a que uno de los militares abrieran fuego.
Los soldados persiguieron el vehículo y dispararon de nuevo, hiriendo al conductor, quien huyó y se estrelló tres kilómetros más adelante, según el reporte.
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