ZIHUATANEJO, México (El Universal).- Corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno habilitaron una especie de "sellamiento" en la zona limítrofe de Guerrero y Michoacán tras el atentado terrorista del 15 de septiembre para evitar la incursión de hombres armados a esta entidad.
Aunque la psicosis sobre los hechos de violencia también se observa en las policías locales, siguen latentes las amenazas de bombazos a instalaciones públicas de este municipio.
Zihuatanejo ha pasado a ser una ciudad en la que no se deja de hablar de la violencia desde el pasado 28 de agosto, cuando cuatro mujeres fueron acribilladas en la comunidad de San Luis La Loma en un presunto ajuste de cuentas entre el ex líder ganadero de Guerrero, Rogaciano Alba Álvarez para con Rubén Granados alias ‘El Nene’, quien, se dice, mató a la familia del ex alcalde de Petatlán el pasado 4 de mayo.
Ese mismo 28 de agosto una patrulla del Operativo Conjunto Guerrero fue agredida a balazos por sicarios en la curva Loma del Toro, municipio de Zihuatanejo, para evitar que llegaran a San Luis la Loma, lo que provocó la muerte de un policía federal y otro estatal.
Esa fue la punta de lanza para que la seguridad en la zona de la Costa Grande de la entidad fuera reforzada, incluso con tropas del ejército mexicano que instalaron desde Acapulco hasta Zihuatanejo, en más de 230 kilómetros de carretera, un total de ocho retenes en los que se revisan a cualquier tipo de vehículos, incluso a familias enteras que vacacionan en el corredor turístico de la región.
Los militares bajan de los coches a todas las personas, mujeres, hombres, niños, ancianos y buscan en el interior de los vehículos drogas, armas y artefactos explosivos.
En San Luis la Loma existen dos retenes en los accesos y salidas del pueblo y en Petatlán hay otros dos, pues la intención es que ninguno de los dos grupos antagónicos que se disputan la zona para el control del tráfico de drogas pueda salir a realizar venganzas masivas.
El capitán retirado del ejército y actual coordinador operativo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) con residencia en este puerto, Darío de la Rosa Segura, justificó la presencia de las fuerzas federales y el ejército en la zona de la Costa Grande para evitar más hechos violentos que puedan afectar a inocentes.
Aseguró que existe una fuerza de reacción inmediata integrada por más de cien elementos de la Policía Federal, la Estatal Preventiva y la Investigadora Ministerial del estado para atender cualquier tipo de hecho violento.
"Tenemos una especie de sellamiento en todo el límite de Guerrero con el vecino estado de Michoacán. Es normal pero estamos alertas para evitar ser atacados", dijo al ser entrevistado.
Señaló que en la Costa Grande existen dos cuarteles sectoriales, el de Cayaquitos —atacado con AK-47 y granadas el pasado 18 de septiembre—, el de Vallecitos y el de La Unión, donde también tiene su destacamento las fuerzas federales.
Los hechos de violencia registrados hace dos semanas en el municipio de Arcelia, región de la Tierra Caliente, fue otro factor para reforzar la seguridad en Zihuatanejo y toda la Costa Grande a fin de evitar la incursión de grupos armados.
La carretera Zihuatanejo-Ciudad Altamirano se encuentra militarizada al igual que Arcelia luego de la detención el fin de semana pasado de 11 presuntos integrantes de la organización delictiva "La Familia" a los que se les decomisaron armas, drogas, vehículos y dos casas seguridad.
Los patrullajes del ejército y de la policía federal son permanentes en la Costa Grande de Guerrero y a decir de las autoridades policiales "no se sabe para cuando terminará".
Diario de Yucatán, Edición electrónica
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