19 febrero 2008

Llevan a juicio popular gobernantes y exgobernadores

Desde el mediodía de ayer, el zócalo de Acapulco, con sus restaurantes, palomas y turistas canadienses, se transformó en Tribunal Popular para enjuiciar a gobernantes y exgobernadores.
     Pese a que se esperaba la numerosa presencia de las organizaciones sociales que abundan en Guerrero y a quienes se sumaría la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la sección 22 del SNTE, el contingente no superó los 500.
     Probablemente la visita de Jesús Ortega a Acapulco y la de López Obrador a la Costa Grande, cuna de la guerrilla en el estado durante los setentas, menguó la asistencia al juicio popular, que esta mañana continúa.
   En lo que se denomina como la Cuarta Audiencia y Juicio Político Popular también se enjuició al  gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo, pese a su extracción perredista, y a los ex gobernadores Rubén Figueroa Figueroa y Rubén Figueroa Alcocer, debido a que no se han esclarecido las desapariciones en el estado.
    Algunos de los asistentes manifestaron que las personas que están siendo enjuiciadas son "responsables de todas las crueldades  que se siguen cometiendo" con los luchadores sociales y reconocieron que tal vez no "habrá justicia para los familiares de los desaparecidos".
    En su turno al micrófono, el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), Felipe Flores Hernández, dijo que las organizaciones decidieron hacer este juicio popular debido a que "los gobiernos federal y estatal no han
tenido la capacidad de aclarar los asesinatos y desapariciones".
    Por su parte la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos y Víctimas de la Violación a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, dijo que los argumentos son muchos para enjuiciar al gobernador   Zeferino Torreblanca, siendo uno de los temas La Parota, así como las desapariciones y torturas a los familiares de luchadores sociales.
    Dijo que a pesar del cambio de partido en el gobierno del estado, las prácticas de desapariciones forzadas no han cambiado "porque las estructuras son las mismas, solamente se cambia al gobernador, al funcionario, pero las estructuras son iguales".
    Por su parte Soledad Ortiz ,de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, dijo que ante la falta de funcionalidad de las instituciones oficiales que rigen México, se llevará a cabo el juicio popular para exigir a las autoridades que hagan algo ante el hostigamiento y persecución.
    En el juicio estuvieron presentes Gilberto Hernández Santiago, integrante de la Comisión Jurídica de la APPO; Sonia Fuente Villa
López de la Procuraduría Popular; Adrián Ramírez López de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos; y las perredistas Rosario Merlín y Adela Román Ocampo.
    Asimismo Soledad Ortiz, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; Bernabé  Jiménez Ríos, miembro de la sección 22 de la Afadem y Alejandro Costulo López, vocero de la APPO.
     Como es común en los juicios populares, nadie, ni el gobernador perredista de Guerrero, fue exonerado.
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Juan José Belmonte
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