Ordena juez federal parar obras en La Parota

Un juez federal con sede en Acapulco determinó suspender las obras del proyecto hidroeléctrico La Parota, debido a un amparo interpuesto por campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
   Lo anterior fue informado por el abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Xavier Martínez Esponda, quien abundó que fue desde el pasado 14 de agosto, que  un Juez Federal con sede en Acapulco ordena la suspensión provisional para evitar daños irreparables a los derechos constitucionales al ambiente sano, a la garantíade audiencia y legalidad de los comuneros.
Martínez Esponda señaló que la autorización de impacto ambiental emitida por Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la concesión de aguas sobre el río Papagayo otorgada por la Comisión Nacional del Agua a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para construir el proyecto hidroeléctrico, podrían violar los derechos antes mencionados.
     Aseguró que la suspensión provisional del proyecto hidroeléctrico sienta un precedente en México, ya que privilegia la protección del medio ambiente a un proyecto de infraestructura, además de permitir la protección del interés público.
     En el amparo se demanda al Presidente de la Republica, al Congreso Federal, a la Comisión Nacional del Agua (CNA), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyas decisiones están directamente involucradas con las probables
violaciones a los derechos de los demandados.
     El representante del CEMDA indicó que de construirse la presa, se causarían graves e irreparables daños en la selva baja y mediana caducifolia,lo cual afectaría "cientos de especies de flora y fauna amenazadas y en peligro de extinción".
     Explicó que en el amparo se cuestiona la inconstitucionalidad de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la  Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley de Aguas Nacionales (LAN), porque las comunidades afectadas no participaron  en los procedimientos para otorgar las autorizaciones al proyecto, violándose sus garantías individuales (artículos 14 y 16 constitucionales) referentes a que nadie puede ser privado de la vida, la libertad, sus propiedades, posesiones o derechos, sin tener un juicio previo.
     Dijo que al momento de que Semarnat emitió las autorizaciones de impacto ambiental y de concesión del río Papagayo, no se notificó a las comunidades afectadas, a pesar que tales acciones afectan sus tierras y su derecho al agua sobre este río.
    El abogado ambientalista dijo que de construirse la presa los campesinos perderían sus tierras y tendrían que desplazarse de su pueblo lo qur causaría impactos sociales irreparables.


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Juan José Belmonte
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