A dos meses del asesinato del diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Bajos Valverde, el proceso en contra de los hermanos Aldy Manuel y Eder González Rodríguez se ha politizado y su defensa se ha vuelto un verdadero caos.
El ejemplo más palpable es la incorporación al cuerpo de por lo menos cuatro abogados, del también litigante de militancia perredista Jesús Sánchez Sánchez, quien se ha destacado por su defensa de las viudas de Aguas Blancas y de ejidatarios quienes lo desconocieron "por contaminar las negociaciones".
Aunado a lo anterior, la operación independiente de los abogados que llevan el caso, crea confusión no sólo en los propios procesados, sino en sus familiares y en medios de comunicación.
El último episodio se registró ayer, luego de que el titular de un buffete jurídico del puerto que asesora al cuerpo de abogados procedentes de México "al parecer del PAN", señalara que los hermanos González Rodríguez obtuvieron un amparo en contra del auto constitucional de la formal prisión dictada por el Juez Sexto de lo Penal.
En declaraciones a medios locales, el abogado Sánchez Sánchez –quien pese a su férrea militancia en movimientos de izquierda y al interior del PRD se sumó a la defensa de un grupo de los panistas identificados con grupos religiosos y conservadores del partido- negó que exista tal amparo.
Por su parte otro de los abogados que también participa en la defensa de los hermanos González Rodríguez, Salvador Fuentes Soriano, dijo desconocer tal amparo e incluso se refirió a él como "una broma de mal gusto", según declaró en un medio impreso de baja circulación local.
Pese a ello y consultados luego de las declaraciones del resto de abogados, la fuente que asesora a los litigantes procedentes del Distrito Federal reveló que el desconocimiento sobre el proceso se debe a que el amparo no lo presentaron ni Sánchez Sánchez ni Fuentes Soriano.
Por tal motivo, al dar entrada – y por lo tanto inicio- el Juzgado Cuarto de Distrito al Juicio de Amparo no se notificó a estos abogados, sino al cuerpo de litigantes provenientes del D.F. ya que "ese amparo no lo hicieron en Acapulco, lo hicieron abogados de México. Se tramitó desde México al parecer del PAN", señaló la fuente.
Cuestionado sobre por qué pese a que ya inició el Juicio de Amparo, los procesados no son liberados, la fuente con amplia experiencia en derecho penal y fiscal, señaló que se debe a que el juicio del Juzgado Cuarto es paralelo al juicio del Juzgado Sexto de lo Penal, quien ya los consignó.
"Quiere decir que por ahora sí son presuntos responsables del delito de homicidio, pero ellos pueden apelar ante el TSJE en materia penal o se pueden ir al amparo" y en el caso de los hermanos González Rodríguez optaron por la segunda opción.
"El amparo es para revisar el auto constitucional o no, si se acreditan los elementos para la presunta responsabilidad de su hermano, pero en ningún momento interviene el juez penal, interviene el juez de distrito", justificó la fuente.
Precisó que el Juzgado Cuarto de Distrito no dictará un amparo luego de la asamblea constitucional del 26 de marzo, sino que dictará la inconstitucionalidad o no del auto de formal prisión y de ser anticonstitucional, dictará la inmediata libertad de los detenidos.
Para esto habrá que esperar diez días en los cuales el Juez penal podrá interponer un recurso de inconformidad ante el Tribunal del Vigésimo primer Circuito con sede en Chilpancingo.
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Juan José Belmonte Torres
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