Por Juan José Belmonte Torres
El director general del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) Ramón
Sotres Núñez informó que durante el tiempo transcurrido en la actual
administración encontró adeudos por más de 30 millones de pesos.
En conferencia de prensa, acompañado del gobernador Zeferino Torreblanca
Galindo, informó que algunos de ellos son la demanda de Fonhapo, que exige
el reintegro de 11 millones 615 mil pesos con 38 centavos.
Este monto fue aportado en 1999 para la construcción de 480 viviendas que
no se terminaron y que la anterior administración anterior hizo caso omiso
en exigirles la conclusión de las mismas.
Informó que las administraciones anteriores dejaron adeudos ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 182 mil pesos, ante el
Instituto nacional de Fomento a la Vivienda (Infonavit), por más de 1.6
millones de pesos y ante la Secretaría de Hacienda por aproximadamente 50
mil pesos.
Sotres Núñez evidenció que el Invisur tiene demandas para entregar
inmuebles ubicados en el Parque nacional El Veladero – declarado reserva
natural – debido a que las anteriores administraciones entregaron
constancias de posesión y contratos de compra venta en espacios federales.
Cabe destacar que debido a que, como lo estipula la Ley de Vivienda, el
Consejo de Administración del Invisur no ratificó los cargos del anterior
director y de los delegados, todos los nombramientos al interior del
Instituto resultaron nulos.
Por este motivo, el patrimonio del organismo puede sufrir grave perjuicio,
“ante la ilegalidad de los documentos” firmados por los funcionarios de la
pasada administración estatal.
Informó que se integraron denuncias en contra de los principales
funcionarios del Invisur en la pasada administración por suscribir 15
contratos de compra-venta en el fraccionamiento Las Playas, sin que estos
pertenecieran al Instituto.
El director de Invisur enfatizó que independientemente de las denuncias ya
iniciadas ante la Procuraduría de Justicia de Guerrero, iniciarán otras por
ejercicio indebido de la función pública y fraude contra el anterior
director Marco Antonio Lobato Castrejón.
Lo anterior debido a que suscribió ocho contratos de compra-venta de un
terreno en el ejido de Tierra Larga en Chilpancingo sin consultarlo con el
Consejo de Administración.
Informó también que la hipotecaria Su Casita S.A demandó a la constructora
Ramírez Mantilla y Asociados y al Invisur la cantidad de 18 millones de
pesos en UDIS.
Lo anterior luego de obtener un crédito por dicho monto para la
construcción de 246 lotes en lo que se llamaría Villas Colibrí. El instituto
deberá pagar dicha cantidad debido a que la constructora codemandada se
declaró en insolvencia e incluso el predio que se otorgó será rematado.
“El instituto entregó documentos a doscientas setenta y tantas familias que
exigen, con justa razón, que les demos posesión de la tierra. Al ejecutarse
la sentencia, al entrar el predio en remate, vamos a tener que desalojar a
las familias para poder entregar el predio a quien compre este inmueble”,
dijo el director.
El director del Invisur informó que también fueron demandados por el pago
de 380 mil pesos a la señora Alicia Méndez Gilly quien los denunció por
incumplimiento en el otorgamiento de un predio ubicado en Cumbres de
Figueroa.
“Está en proceso la destitución del director de Desarrollo Urbano y del
secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Guillermo Torres Madrid,
por incumplimiento de la ejecutoria”, señaló.
Destacó que el Invisur también se encuentra integrando la denuncia de
hechos en contra de los funcionarios “que por negligencia no contestaron la
demanda que ocasiona daños al patrimonio del instituto.”
Informó que la empresa Imperquimia también los demandó por cuatro millones
de pesos por incumplimiento al contrato, debido a que el instituto no tuvo
la capacidad de dar un aviso de suspensión de obra en cinco años.
Explicó que debido a esto, al no romper el contrato jurídico Imperquimia e
Invisur, antes “ellos le debían al instuituto y ahora resulta que el
instuituto les debe”, informó.
Sotres Núñez informó que no se recibió “un solo expediente en el que haya
congruencia entre los lotes, escrituras, recibos y registros de caja”, por
lo que iniciaron una auditoria integral a la institución.
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