Organizaciones sociales manifestaron su solidaridad con los presos denominados “políticos” Rogelio García Pineda, Joviel Rafael Ventura, Ángel Guillermo Martínez González, Ismael Padilla Nava y Rosario Merlín García, quienes llevan una semana en huelga de hambre.
Los autodenominados “presos políticos” se han alimentado de miel, agua y suero exigiendo la libertad y castigo a los responsables materiales e intelectuales de las masacres de El Charco y de Aguas Blancas.
Los dirigentes de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG) y la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Juan Mendoza Tapia y Raymundo Velázquez Flores, respectivamente señalaron a los gobiernos federal y estatal de proteger a los autores de “la matanza” de El Charco.
“No han logrado integrar las averiguaciones previas contra los involucrados, tanto materiales como intelectuales, sino por el contrario éstos han recibido la exoneración y la protección del Poder Judicial”, informaron a través de un comunicado.
Demandaron a los gobiernos estatal y federal que se resuelvan y atiendan las demandas de los cinco presos políticos quienes actualmente están en huelga de hambre, para que sus procesos sean resueltos en estricto apego a derecho y sin fabricarles pruebas para involucrarlos en actos delictivos.
“La Procuraduría General de Justicia del Estado tiene la obligación histórica de resarcir los derechos pisoteados de los luchadores sociales, para que sus expedientes sean subsanados y logren la libertad inmediata”, señalaron.
El día de ayer, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo aseguró que hay algunos delincuentes que han participado en acciones políticas, además de que en la entidad no hay razón para que existan “presos políticos”.
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