Por José Antonio Rivera Rosales
Cumplido el plazo legal, Enrique Peña Nieto tomó juramento constitucional como nuevo presidente de México.
A partir de la fecha iniciará un nuevo ciclo histórico para esta sufrida nación que debió soportar dos regímenes panistas que pauperizaron a la de por sí endeble economía mexicana pero que, sobre todo, se distinguieron por su imbecilidad, corrupción y latrocinio. El PAN en el poder resultó ser peor que el PRI.
Ahora a este joven presidente, falto de formación intelectual pero arropado por viejos y nuevos priistas -no los más brillantes, hay que decirlo- toca afrontar un reto histórico en el que habrá de deponer su inexcusable frivolidad para atender los graves y urgentes problemas que acosan al país.
En primera fila figura el gravísimo problema de seguridad nacional que se expresa en la violencia sin fin que, de acuerdo con la más reciente investigación de México Evalúa, una acuciosa ONG, a la fecha ha generado más de cien mil muertos en todo el país, tanto o más que la Guerra de los Balcanes.
De hecho, desde antes de asumir oficialmente su encargo Peña Nieto comenzó a ejercer el poder por interpósita persona, esto es, mediante las bancadas proclives de la Cámara de Diputados, con un primer resultado tangible en la nueva legislación laboral la cual tantas inconformidades ha generado que, a vuelta de esquina, motivó ya más de dos millones de juicios de amparo en su contra.
En este mismo contexto, lo que más llama la atención es el propuesto rediseño del gabinete de seguridad en virtud del cual, por decreto del Poder Legislativo, desapareció la Secretaría de Seguridad Pública inventada por Genaro García Luna, para ser subsumida en la Secretaría de Gobernación bajo el mando de Miguel Ángel Osorio Chong. Ello implica la desaparición de la Policía Federal, el orgullo de García Luna, que se transformará en una gendarmería con nueva composición y reglas de operación que acatarán, hasta donde se puede ver, criterios de tipo político.
Sin prejuzgar sobre las figuras públicas que detentan un poder gubernamental que apenas comienza, estamos obligados a citar algunos indicios que aportan un giro novedoso a la estrategia del nuevo gobierno para combatir la violencia creciente, la corrupción y la opacidad, los tres grandes problemas de México.
A través de sus personeros, en los días precedentes Peña Nieto presentó un proyecto de ley para combatir la corrupción así como algunos esbozos que pretenden ampliar el marco legal de la transparencia. Aunque en su momento estas figuras fueron muy criticadas por especialistas, por lo menos podemos inferir que existe un esfuerzo, en construcción aún, para sentar un precedente que permita establecer nuevas reglas del juego.
Si existe un compromiso verdadero para combatir la corrupción y promover la transparencia, habrá que esperar a los próximos días en que se anunciará oficialmente la nueva composición del gobierno de la república, para saber a qué nos atenemos.
Pero, como decíamos líneas antes, resulta claro que el primer gran reto a enfrentar será el de la violencia que mantiene en vilo al país.
Y es ahí donde surgen dudas imbatibles.
Osorio Chong, el flamante secretario de Gobernación investido con mayores poderes que ningún otro secretario de estado, ya dio un aviso de lo que vendrá cuando dijo que combatirán al crimen organizado a través de la incautación de sus activos. Es decir, combatiendo el lavado de dinero. ¿De verdad?
Si el nuevo gobierno priista comienza a combatir el levado de dinero estará marcando un hito histórico en el combate a la delincuencia organizada, que sustenta en el dinero y las armas su poder sobre el mercado, el estado y la ciudadanía.
¿Es esto posible? Un reporte del Banco de México de noviembre de 2011 calculaba en más de 30 mil millones de dólares el dinero ilegal que circuló durante los últimos gobiernos panistas en el sistema financiero -bancos, financieras, casas de bolsa, inversiones-, el cual procede fundamentalmente del crimen organizado en todas sus manifestaciones -hay más de 26 tipologías de delitos en los que incursiona actualmente la delincuencia organizada-. De hecho, el último escándalo financiero lo protagonizó el banco inglés HSBC por haber circulado recursos de procedencia ilícita por varios miles de millones de dólares, a sabiendas de su origen.
Para combatir esta vertiente del delito, Osorio Chong tendrá que promover, primero, una verdadera ley antilavado que sancione penalmente -no sólo con multas administrativas- a las personas físicas y morales que incurran en este ilícito, que es el que sostiene finalmente a toda la estructura operativa de la delincuencia. Es, pues, la ruta del dinero. ¿Estará dispuesto a hacerlo Peña Nieto?
En este tenor, para arrancar un programa de combate a la violencia mediante la incautación de activos necesitarán por lo menos un año como plazo de gracia, tiempo que se llevaría tentativamente el Congreso de la Unión para analizar, discutir, aprobar y someter a vigencia, es decir, promulgar, una legislación de esa naturaleza. Ello, sin contar con el tiempo que deba necesitar la novísima Secretaría de Gobernación para desplegar la nueva estructura operativa de la Policía Federal convertida en Gendarmería Nacional.
¿Cree Peña Nieto que el país le otorgará ese plazo de gracia, dada la situación de franca desesperación que priva en algunos estado del país, particularmente Chihuahua, Sinaloa y Guerrero? Además, ¿cómo estará finalmente constituida la Gendarmería Nacional? ¿Qué papel jugará el CISEN en este nuevo tablero? ¿Cómo operará ahora la enorme base de datos denominada Plataforma México?
Para reorganizar este nuevo modelo de gabinete de seguridad -que resulta por lo menos interesante, aunque pronto se verá si es operativo-, el gobierno de Peña Nieto necesitará tiempo, tiempo que es lo que a final de cuentas no tiene.
Del propio gabinete de seguridad se han filtrado algunos datos llamativos, como el proyecto de retirar paulatinamente de las calles a los militares para desarrollar, en coordinación con la Gendarmería, operaciones selectas de inteligencia que buscarán capturar o abatir a los principales capos de los cárteles de la droga o de las bandas organizadas de secuestradores, extorsionadores y toda esa laya de delincuentes.
El problema es que, aunque existen algunos cárteles dominantes, desde 2009 se produjo en todo el país un proceso paulatino de fragmentación de las organizaciones delictivas que se convirtieron en una suerte de minicárteles -cientos de ellos- que combaten entre sí por el control del mercado y la expoliación de la comunidad. Este fue el legado de Calderón para los mexicanos.
Es decir, ahora habrá que combatir a cientos de grupos delictivos, algunos muy especializados, que pululan por todo el país y que, como doctrina de guerra, adoptaron la violencia extrema y el terror para hacer sentir su poder, muy en el estilo de las viejas dictaduras latinoamericanas.
Difícilmente el gobierno de Peña Nieto, inexperto sin ninguna duda, podrá combatir o frenar esta orgía de sangre que se ha extendido por toda la nación, principalmente en los estados del país que constituyen ruta de paso o mercado para el trasiego de drogas, trata de personas o comercio de determinados productos -desde estupefacientes y mercadería pirata hasta combustibles-.
Así, estamos en un punto de quiebre en el que Peña Nieto y su gobierno requerirán no sólo un diseño de seguridad, sino el concurso de la sociedad toda. Pero para demandar una alianza con la sociedad, el joven presidente necesitará también revisar su proyecto de gobierno en el que debe primar un concepto fundamental: la inclusión social.
Si Peña Nieto pretende profundizar el modelo económico neoliberal y gobernar para las élites, entonces el país no encontrará una salida viable para repuntar los infames indicadores de pobreza extrema, salud, educación e igualdad de oportunidades para todos.
Ello, sin contar con los barruntos discursivos de sectores radicales de la sociedad mexicana que propugnan por una vía armada. Regresaremos sobre estos temas.
