Policías y militares dieron trato de prostitutas a 19 esposas y madres de familia
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas del estado de Guerrero, Alfredo Pérez Zárate, exigió el cese inmediato del secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Ramón Almonte Borja, por propiciar violaciones graves a los derechos humanos de familiares de los 60 internos del fuero federal trasladados a penales de alta seguridad.
En primera instancia, el dirigente de los abogados penalistas desmintió tajantemente que el operativo haya encontrado prostitutas en el Cereso, dado que se trataba de las esposas de los internos en visita conyugal, a las que los policías federales, estatales, ministeriales y marinos dieron un trato denigrante y ofensivo al tratarlas como sexoservidoras y someterlas a todo tipo de vejaciones.
Los policías federales y estatales sacaron violentamente a las esposas de los reos de la visita conyugal, vejándolas públicamente al exhibirlas desnudas delante de toda la población del penal, según los testimonios que se han podido obtener de familiares de los internos. Posteriormente fueron presentadas ante el Ministerio Público, donde recibieron un trato vejatorio y degradante cual si fueran delincuentes, a fin de rendir su declaración.
El colmo fue que el vocero del Gobierno del Estado para asuntos de seguridad, Arturo Martínez Núñez, informó públicamente ante los medios de comunicación que se trataba de 19 sexoservidoras detenidas por el Operativo Guerrero Seguro, lo que atenta gravemente contra la dignidad y la fama públicas de las esposas agraviadas, enfatizó el abogado.
Además, dijo, según testimonios de internos del penal, los cientos de policías del operativo combinado actuaron con brutalidad contra los internos y sus familias, a quienes obligaron a tirarse al suelo, donde muchos de ellos fueron golpeados y torturados física y psicológicamente, algunos inclusive violados con los toletes que usan los policías del estado.
Pérez Zárate afirmó que, según evidencias, hay decenas de internos golpeados, con lesiones contusas en diferentes partes del cuerpo y algunos de ellos con heridas abiertas.
De acuerdo con versiones de los internos y sus familiares, el personal policiaco se dedicó a rapiñar lo que encontraron a su paso, como pertenencias personales y utensilios domésticos para los cuales cuentan con permiso de posesión por parte de las autoridades del Centro de Reinserción Social.
De acuerdo con el reglamento interno de los centros de reclusión y de la buena conducta demostrada por el interno, históricamente se les ha permitido poseer algunos electrodomésticos así como televisores, todo lo cual fue decomisado o destruido por los policías.
Según la versión oficial, un total de 571 elementos de seguridad, entre policías federales, estatales, marinos y 35 agentes de la Policía Investigadora Ministerial del estado de Guerrero sometieron a 59 reos hombres además de una mujer, mismos que fueron trasladados a otros centros penitenciarios de alta seguridad.
Lo que el vocero oficial del gobierno estatal jamás informó, dijo Pérez Zárate, es que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de los citados internos, sin que para el efecto haya importado su condición física o género. "Agarraron parejo", dijeron familiares de quienes fueron objeto de todo tipo de vejaciones, desde las doce de la noche del domingo hasta las cinco de la mañana del lunes, según denunciaron ante el presidente del Colegio de Abogados Penalistas.
El vocero del gobierno dio a conocer ayer que fueron 200 elementos federales, 250 estatales, 83 marinos y 35 ministeriales quienes llegaron al Cereso para transferir a 59 reos hombres y una mujer a diversos penales de alta seguridad en el país. No informó, sin embargo, que hubo violaciones sexuales, torturas físicas, sicológicas y golpes.
La proporción de los 571 elementos en contra de los 49 reos es de cinco a uno y habla por sí misma del excesivo uso de la fuerza física en un operativo que viola todos los derechos humanos tanto de quienes están sometidos a proceso o purgan alguna condena, como de sus familias que los visitan y quienes, como resulta obvio, no han cometido ningún delito.
Los centros penitenciarios de Guerrero, y todo lo que ocurra en su interior, es responsabilidad directa del titular de la SSP, Ramón Almonte Borja, de quien pedimos su cese inmediato para que sea sometido a investigación por su actitud permisiva con los abusos en materia de derechos humanos y por haber lesionado la reputación personal de las esposas de los internos que fueron presentadas como prostitutas.
Pérez Zárate dijo que el secretario Almonte Borja muestra un comportamiento cobarde y ruin, pues mientras por un lado se ensaña con quienes están recluidos bajo proceso o purgando alguna condena, sin posibilidad alguna de defenderse y, en ese sentido, se aprovecha de la desgracia de los caídos, mientras por otra parte se ha negado a identificar ante el Ministerio Público ni aportar dato alguno de quienes ultimaron a su hermano, a pesar de que están plenamente conocidos.
