- Las excavaciones en el excuartel militar, en suspenso.
- Sobrevivientes exigen la presentación vivos o muertos de sus familiares
Agentes del Ministerio Público
Federal de la Procuraduría General de la República (PGR) arribaron a
Atoyac de Àlvarez, en la Costa Grande de Guerrero para interrogar a
testigos de la Guerra sucia de los años 70.
En un principio se creyó que los agentes federales, quienes
arribaron a bordo de una camioneta, iniciarían las excavaciones para
encontrar los cuerpos que supuestamente fueron enterrados en un
excuartel militar, ubicado en la Ciudad de los Servicio del citado
municipio.
Fuentes de la Presidencia municipal –que pidieron guardar el
anonimato- informaron que los agentes federales, además de entrevistar
a algunos testigos como parte de las investigaciones, podrían volver a
escanear algunas áreas.
El escaneo, hecho con aparatos especiales, serviría para
detectar si en efecto pudieran haber cadáveres enterrados, ya que los
estudios hechos a principios de febrero no fueron concluyentes.
El comandante de la Policía Preventiva de Atoyac, Silvestre
Balbuena Martínez, confirmó la visita de los agentes del MPF, quienes
revisaron el área donde supuestamente se enterraron a los guerrilleros
después de ejecutarlos.
Fuentes municipales indicaron que las excavaciones en dicho
cuartel serían a largo plazo, ya que hay denuncias hechas con
anterioridad sobre otros entierros clandestinos, por lo que podrían
iniciarse las excavaciones en otras comunidades atoyaquenses.
Informaron que los agentes federales tomaron declaraciones de
habitantes de El Quemado, San Francisco del Timor y San Jerónimo,
relacionadas con estos casos.
Hay más cementerios clandestinos por excavar
Las fuentes de la Presidencia municipal, que se negaron a
proporcionar su nombre pro temor a represalias, detallaron que en
otros cuatro puntos de Atoyac se tienen documentados enfrentamientos y
el posterior entierro de presuntos guerrilleros muertos. Estos sitios
son Agua Zarca, comunidad Benito Juárez, La Pascua y Los Manguitos.
Explicó que en Agua Zarca, ya investigadores de la Comisión
Nacional de derechos Humanos hicieron una excavación pero no
encontraron nada. En aquella ocasión, motivó la excavación versiones
de personas que indicaban que se escuchaban "voces de exguerrilleros".
En el caso del poblado de El Pozclite, que ahora es la comunidad
Benito Juárez, hubo un enfrentamiento en donde murieron algunos
guerrilleros. Entonces el Ejército llamó al comisario -que falleció
algunos años- y le ordenó que los enterrara.
En el caso de La Pascua, en el lugar en donde se rescató al
exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, luego de ser secuestrado por la
guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos, el Ejército informó que
murieron 13 guerrilleros y ahí fueron enterrados.
En cuanto al poblado de Los Manguitos, se cuenta que hubo una
escaramuza entre guerrilleros y soldados, en donde no murió una sola
persona, sin embargo sí fallecieron algunos "guerrilleros de
refacción", que era gente de las comunidades que el Ejército
asesinaba para justificar alguna victoria.
La búsqueda continúa.
Olga Arroyo Castro era una adolescente cuando los soldados se llevaron
a su papá. Por eso en las visitas hechas por los agentes de la
Procuraduría General de la República no le han tomado declaración.
Ayer, los agentes del Ministerio Público Federal que llegaron a
Atoyac tomaron declaraciones a su hermano José Luis y a su hermana
mayor, Marta, sobre el caso de su papá.
Alejandro Cabañas Arroyo, padre de Olga, fue detenido y
desaparecido en 1974, lo torturaron quedando mal de los nervios y
sufriendo de lagunas mentales. Fue regresado vivo, según Olga, porque
a los primeros secuestrados los regresaban con vida.
Cabañas Arroyo, pariente cercano del precursor de la guerrilla
en Guerrero, Lucio Cabañas Barrientos, era sastre de oficio en San
Vicente de Benítez. Una tarde fue llamado al cuartel para tomarle
medidas al coronel, quien necesitaba ropa nueva. Después ya no
regresó.
Cuando lo regresaron, lo presentaron en Acapulco, junto con su
padre de crianza Sóstenes López Cienfuegos, y de ahí los trasladaron a
Tecpan, en donde los liberaron bajo fianza. "Estaban tirados, no se
podían ni poner de pie".
Su tío, Isaías Castro Arroyo, quien desapareció posteriormente,
aún continúa desaparecido.
Por la claridad de los detalles que guarda en su mente, Olga sabe
que su declaración es importante para el caso, por eso exige "nosotros
queremos castigo a los responsables, nosotros padecimos, nos
persiguieron, fuimos agredidos, lo que pedimos es castigo a los
responsables, sabemos que deben estar en algún puesto o retirados".
Se sabe que algunos otros luchadores sociales, como Tita
Radilla, miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos,
Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México
(AFADEM), podrían recibir una indemnización cercana al millón de pesos
como reparación del daño.
Sin embargo, Olga Castro exige la aparición de su tío Isaías,
vivo o muerto y castigo a los culpables de la muerte de su padre, la
cual precipitó la tortura a la cual fue sometido por los soldados del
Ejército.
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Juan José Belmonte Torres
