13 agosto 2012

Inician procedimiento administrativo contra ex gobernador de Guerrero

Guerrero • La Contraloría General del Estado inició un periodo administrativo en contra del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, por irregularidades en el manejo de mil 038 millones de pesos destinados para la construcción del Centro de Atención Ciudadana (Cedac), edificio ubicado en el puerto de Acapulco.
La investigación alcanza a otros colaboradores de Torreblanca Galindo, como el ex secretario de finanzas Ricardo Ernesto Cabrera Morín; el ex subsecretario de administración José Antonio Bajos Valverde, la ex directora de servicios generales de la Sefina, Margarita Díaz Hernández; Enrique Félix Narciso Pasta Muñuzuri, ex director de Desarrollo de Personal y Sandra Luz Flores Jiménez, ex coordinadora regional de Acapulco.
El titular de la Contraloría General del Estado, Julio César Hernández Martínez dio a conocer que en el marco del combate a la corrupción y la aplicación de la política de transparencia en el manejo y la aplicación de los recursos públicos, se realizó una auditoría físico-financiera-administrativa a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Sefina en el periodo 2009, 2010 y 2011.
Lo anterior, con motivo de la construcción de la construcción del Centro de Atención Ciudadana (Cedac), mismo que albergará oficinas del gobierno del estado en el puerto de Acapulco, en donde se detectaron observaciones financieras y físicas por un monto de mil 038 millones de pesos 674 mil 837 pesos, razón por la que se anunció el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes y en su caso, presentará las denuncias que procedan.
La orden de auditoría bajo la que se inició la investigación es la número CGE-SA-OA-026/2012, misma que se emitió el 21 de febrero del mismo año, a partir de la construcción del Cedac.
Las observaciones detectadas por la Contraloría son varias, entre ellas las siguientes: En primer lugar, se indica que el ex gobernador Zeferino Torreblanca autorizó a la Sefina contratar y ejecutar la obra, pese a que la dependencia en mención no tiene facultades para hacerlo.
Hernández Martínez refiere que de manera indebida la Sefina convocó y contrató la obra, pese a que la ley no se lo permitía, puesto que dicha atribución recae en manos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop).
En el apartado de conceptos observados en la auditoría se menciona que hubo documentación no presentada por un importe de 609 millones 989 mil 634 pesos, documentación observada por 2 millones 848 mil 821 pesos, falta de pagos de 5 al millar por 1 millón 272 mil 019 pesos, falta de pago por 2 al millar por 1 millón 055 mil 425 pesos y falta de pagos del 2 por ciento por 2 millones 148 mil 030 pesos.
Se indica además que los funcionarios involucrados en la obra no presentaron comprobantes de pago; ya sean pólizas, cheque y/o transferencias electrónicas, no presentaron estados de cuenta por el pago de los terrenos en que se edificó la obra, tampoco presentaron el valor catastral y fiscal de algunos de los locales adquiridos, se observó falta de transferencias electrónicas y recibos de pago de las retenciones de 5 por ciento y 2 por ciento al millar, además de que tampoco presentaron documentación del saldo pendiente por estimar y amortizar.
Hay tres empresas señaladas en el informe; Cimentaciones Mexicanas S.A de C.V, con un contrato por 8 millones 165 mil 919 pesos; Ingeniería e Instalaciones con un contrato de 382 millones 346 mil 162 pesos y Arquitectos S de LR, que tuvo un contrato por 30 millones 848 mil 724 pesos. Los tres contratos suman 421 millones 360 mil 806 pesos.
Entre las observaciones relevantes se anota que hubo pagos en exceso, pagos improcedentes, deficiencias técnicas en la ejecución de la obra (ya hay filtraciones en muros y pisos), además de trabajos ejecutados sin que se presente el soporte documental de los mismos.
Hubo diferencias muy claras entre el monto contratado y el estimado.
Como presuntos responsables de las observaciones la Contraloría señala al ex gobernador Zeferino Torreblanca y cinco ex funcionarios de su administración.


Inician procedimiento administrativo contra ex gobernador de Guerrero

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