BAJO FUEGO - Tierra de Nadie

BAJO FUEGO - Tierra de Nadie

 Por  José Antonio Rivera Rosales

 

   Pese al despliegue del Operativo Guerrero Seguro, han arreciado los ataques armados de bandas delincuenciales que lo mismo matan a policías que a civiles inocentes, aunque en últimas fechas han dirigido sus baterías contra personal del ayuntamiento porteño.

   Antes que eso las agresiones se habían concentrado en personal policiaco pero, sobre todo, en ajustes de cuentas contra quienes militan en bandas enemigas, sea cual fuere el rango que ostentara la víctima -halcón, vendedor, repartidor, protegido, sicario, jefe de plaza o familiar de algún grupo enemigo-.

   Después de que se implementó en Acapulco el Operativo Guerrero Seguro, a fines de 2011, los ciudadanos accedimos a un período de tranquilidad y ligera recuperación turística que se mantuvo durante diciembre del mismo año y los primeros dos meses de 2012.

   Sin embargo, una nueva vorágine de violencia parece haber atrapado a la ciudadanía acapulqueña en plena temporada turística, que es cuando las bandas delincuenciales aprovechan para "calentar la plaza" a los grupos afincados en territorio guerrerense.

   Así, los meses de relativa tranquilidad -diciembre, enero y febrero- tal parece que fueron usados por los grupos delictivos para efectos de reorganización y reclutamiento de nuevo personal que les permita desplazarse de la periferia al centro del puerto, el cual parece ser el objetivo de los grupos en pugna, con todo y la presencia de las fuerzas federales.

   Existen indicios firmes de que otros grupos delincuenciales pretenden incursionar en el puerto de Acapulco, donde hemos sido testigos del choque entre sicarios de La Barredora, apéndice del Cártel de Sinaloa, y el Cida, que se escindió del grupo que jefaturaba Edgar Valdés Villarreal La Barbie.

   En tal sentido, versiones de fuentes creíbles apuntan a la existencia de otro grupo autodenominado Guerreros Unidos, que en realidad sería una nueva expresión del grupo inicial de los llamados Calentanos, precisamente un grupo de delincuentes oriundos de la Tierra Caliente, encabezado por los hermanos Toribio Rentería, dos de los cuales ya habrían sido aprehendidos por las fuerzas federales.

   Adicionalmente habrá que tomar en cuenta la incursión de elementos de La Familia, que han empujado fuerte desde Zihuatanejo en dirección al puerto de Acapulco, donde pretenden sentar sus reales. Versiones fidedignas indican que ya hay células de este grupo que estarían estableciendo una cabeza de playa en el puerto.

   Pero además algunas versiones señalan que otros pequeños grupos de hampones  pretenden aprovechar la confusión existente para establecer sus operaciones, lo que ha provocado choques entre las distintas bandas. Es decir, no sólo son dos, sino varias las bandas que se disputan Acapulco.

   En todo caso, la gravedad del asunto radica en que estas distintas bandas no sólo combaten entre sí, sino que colocan a la comunidad indefensa en el centro de la disputa. De hecho, algunos grupos de delincuentes ya no buscan comerciar con sustancias ilícitas, sino expoliar a la población.

 

   Esta situación, que se ha venido agravando en los últimos meses -son numerosos los casos de extorsión, secuestro y homicidios no denunciados-, ha terminado por aterrorizar en particular a la comunidad de los pequeños comerciantes así como a algunos gremios, como el de la construcción y el de los médicos.

   Vista así la situación, el discurso oficial de las autoridades que supuestamente combaten los embates de los diferentes tipos de delincuencia que padecen los acapulqueños, y los guerrerenses en lo general, se parece mucho al de un merolico.

  Por acuerdo inicial del Grupo de Coordinación Guerrero, el mando de las operaciones del Operativo Guerrero Seguro (OGS) recae en la Policía Federal, pero es el caso que esa corporación es la que más atrocidades comete en contra de la población civil, violando alegremente los derechos humanos de muchos ciudadanos inocentes a los que ha asestado un trato de delincuentes peligrosos, muchas veces sin serlo. El método favorito de los agentes federales adscritos a la PF es la tortura, como han denunciado de manera reiterada algunos agraviados sin que hasta la fecha nadie los escuche, mucho menos el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Con esos antecedentes, nadie confiará nunca en las fuerzas federales.

   En el contexto de esta batalla de todos contra todos -en la que los ciudadanos inermes quedan colocados en medio- los diferentes grupos delincuenciales han enderezado sus baterías contra funcionarios tanto del estado como del municipio sin que, en el mismo tenor antes descrito, ninguna autoridad se haga responsable de las consecuencias.

   Entre julio y agosto fueron atacadas tres comandancias de la Policía Ministerial del Estado (PME) en la colonia Emiliano Zapata, El Coloso y la colonia Jardín, en lo que se podría interpretar como un embate contra la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo de Martha Elva Garzón Bernal. Un caso emblemático es el de la Fiscal Regional Alicia Díaz González, a quien los criminales ultimaron en la puerta de su casa. El último ataque contra esa dependencia se produjo en las últimas horas cuando un grupo de bandidos abrió fuego contra la comandancia de la PME en la colonia Jardín, la misma zona donde 48 horas antes abatieron a dos policías municipales que comían en un restaurante de la zona, uno de los cuales murió en el acto.

   Los ataques, pues, parecen estar enfilados a generar un clima de terror en el puerto de Acapulco para favorecer la actuación de los grupos armados que sirven al crimen organizado.

   Pero si dichos ataques contra la estructura de la PGJE están a la orden del día, no son menos los embates contra funcionarios del municipio actualmente bajo la responsabilidad de Verónica Escobar Romo, que ya dio muestras de su fenomenal ignorancia de los asuntos públicos cuando dijo desconocer que la Policía Preventiva Municipal como la Policía Vial están infiltradas por la delincuencia, como lo denunció públicamente el titular de Seguridad Pública, contraalmirante José Manuel Rodríguez Morales.

   O cuando se muestra renuente a liquidar a una empresa recolectora de basura, o a la firma que administra el relleno sanitario, lo que ha convertido al puerto en un muladar. El caso es que esta alcaldesa, títere de Manuel Añorve, es un ejemplo viviente de indolencia y simulación que, con su conducta, en algunos casos recae en el terreno de la omisión criminal.

  

   Los ataques en contra del personal del municipio iniciaron en realidad el 10 de abril de 2011, cuando un comando atacó a tiros al director de Gobernación Municipal, Rogelio Lozano Herrera, y causó heridas al agente Armando Islas Barrientos. Aquella fecha, Lozano Herrera logró escapar de la agresión y, junto con su compañero, evadió a sus persecutores. Una alerta emitida a través de la radio oficial permitió que finalmente recibiera auxilio de otras corporaciones policiacas.

   Sin embargo, las agresiones en contra de funcionarios del municipio no han cesado. El día 8 de julio pasado, un sicario entró a las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer, en pleno zócalo porteño, y disparó contra Guadalupe Gatica, jefa de los servicios jurídicos de la dependencia, a quien hirió gravemente. Casi de inmediato trascendió que el personal de esa oficina, casi todas mujeres, había denunciado de manera reiterada que eran objeto de amenazas por parte de sujetos armados.

   Esas denuncias fueron conocidas directamente por el secretario general, Armando Terrazas Sánchez, y por el secretario de Seguridad Pública, el contraalmirante Rodríguez Morales, quienes siguiendo la línea de mando habrían informado a la alcaldesa Escobar Romo. Sin embargo, nadie hizo nada para proteger al personal bajo amenaza, con las consecuencias ya conocidas. En este caso la alcaldesa, el secretario general y el jefe de policía incurrieron en una omisión criminal.

   Después, el día lunes 30 de julio, fue secuestrado Ranulfo Navarrete Gallardo, agente  de Gobernación Municipal, junto con su esposa María Dolores Martínez y su hermano Gabriel Navarrete Gallardo, además de otra persona de nombre Javier Alejandro Ayona Leyva.  Los cuatro aparecieron al día siguiente ejecutados. Ranulfo Navarrete presentaba huellas de tortura.

   Un día después, el martes 31, en la periférica colonia Simón Bolívar desconocidos armados interceptaron al exagente de Gobernacion Municipal, Agustín Salazar Rivera, muy cercano a Ranulfo Navarrete, a quien de inmediato mataron a balazos.

   El miércoles primero, frente a los comensales del Grupo Aca, el secretario de Seguridad Pública reveló públicamente que la dependencia a su cargo está infiltrada por las bandas del crimen organizado e inclusive fue más allá al decir que los agentes de la Policía Vial sirven como halcones de la delincuencia, lo que causó enojo dentro y fuera de la dependencia. El jefe policiaco también adelantó que ha sido objeto de amenazas directas contra su integridad.

   Y como un colofón macabro, el jueves 2 de agosto, desconocidos armados secuestraron y asesinaron al propio titular de Gobernación Municipal, Rogelio Lozano Herrera, quien se supone es el funcionario que nutre de información de carácter confidencial en línea directa al secretario general del ayuntamiento y, por vía de éste, a la alcaldesa.

   Pero, además, existe una versión no confirmada en el sentido de que una exfuncionaria, allegada a la propia presidenta, habría sido objeto de una agresión por parte de un comando del crimen organizado con la consecuente advertencia en contra de la propia alcaldesa Escobar Romo, hechos supuestamente acontecidos hace poco más de un mes, en las mismas fechas en que comenzaron las agresiones contra el personal del ayuntamiento. Por eso se imponen sendas preguntas de sentido común: ¿Qué investigaba Gobernación Municipal? ¿Acaso nadie previó en el ayuntamiento que todo esto pasaría? ¿Qué oculta la alcaldesa?

 

   El reciente enfrentamiento a tiros en la Costera Miguel Alemán, las ejecuciones en Llano Largo -donde infortunamente falleció una jovencita embarazada- y, finalmente, el ataque contra la PME en la colonia Jardín, parecen regresarnos a los fatídicos meses de agosto, septiembre y octubre de 2011, cuando la violencia se enseñoreó en toda la región.

   El gobernador Ángel Aguirre está obligado a revisar su estrategia de combate a la violencia dado que, como es obvio, de ningún modo puede confiar en otras autoridades.  En esta batalla desigual el mandatario sólo puede aliarse con la ciudadanía. Con nadie más.