José Antonio
Rivera Rosales
Este lunes 20 de agosto se cumplen tres años
del atentado que costó la vida a Armando Chavarría Barrera.
Aunque es probable que el gobierno estatal,
a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ofrezca algún avance de las investigaciones
sobre dicho magnicidio -dada la trayectoria meteórica que caracterizó a quien
en ese momento se perfilaba como el más viable candidato a la gubernatura por
las izquierdas-, existe un marcado escepticismo respecto de los alcances
efectivos de las indagaciones judiciales para esclarecer ese artero asesinato
que conmocionó a la comunidad guerrerense.
En su momento, el gobierno de Zeferino
Torreblanca Galindo encausó las investigaciones primero por el entorno personal
de Chavarría, indagando si la causa de su muerte se debió a problemas con
diferentes ciudadanos, lo que lo llevó a indagar la vertiente patrimonial del
finado, hecho que causó enojo en la familia como en sus allegados de izquierda
de toda la vida.
Agotada la cuestión, entonces la PGJE
incursionó por el lado de las motivaciones políticas, hipótesis que se
robusteció con supuestas imputaciones de testigos protegidos que refirieron una
reunión clandestina ocurrida el 18 de agosto en Tlapa, dos días antes de su
muerte, encuentro donde se habría decidido su destino.
Según
esa versión, que se ha mantenido en secreto hasta ahora, liderazgos prominentes
de un sector de izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
se habrían
congregado al filo de las tres o cuatro de la mañana ese 18 de agosto en un
domicilio de aquella ciudad de La Montaña, donde habrían tenido un encuentro
con dos hombres encapuchados.
Esos hombres serían identificados por los
supuestos testigos como el Comandante
Ramiro y el Comandante Beto, del
grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente, el
ERPI, con quienes habrían acordado el atentado en contra de Chavarría para dos
días después.
Las motivaciones que habrían argumentado los
supuestos conspiradores no quedan muy claras, pero en términos generales
quienes ofrecieron la versión hicieron referencia a una “traición” cometida por
Armando Chavarría en contra de los principios de la izquierda.
Aunque esa fue en apariencia la motivación
esgrimida por quienes le vendieron la versión a la Fiscalía Especial encargada
del caso, nada más banal que ofrecer un argumento manido de la vieja izquierda
dogmática para inculpar a terceros.
Lo cierto es que el fiscal especial del
caso, de apellido Miranda, fue objeto de dos atentados con arma de fuego así
como de sucesivas amenazas. Ello, más la posterior muerte del Comandante Ramiro el 5 de octubre siguiente
en la parte alta de Coyuca de Catalán, dieron pie a pensar que las
investigaciones estaban en la ruta correcta.
Empero, el jefe insurgente en realidad fue
objeto de una emboscada en una zona conocida como Palos Altos, donde se
resguardaba su familia. Su ejecutor fue un pistolero de nombre Alberto Cayetano
Alvarado Palacios, conocido con el mote de Cuche
Blanco, quien tuvo una seria diferencia con el guerrillero por el reparto
inequitativo de recursos monetarios. Antes de tener las diferencias, Alvarado
Palacios formaba parte de las filas del ERPI. Lo de la muerte de Ramiro, pues, fue resultado de un
diferendo personal.
Así las cosas, la investigación siguió
apuntando a la hipótesis de que Chavarría Barrera fue ejecutado por la
organización guerrillera. Tal parece que no fue así.
En realidad, el ERPI no tenía motivaciones
para ajusticiar a Chavarría dado que mantenía una relación secreta con el
diputado asesinado, bastante cordial por cierto.
Un primer encuentro de Chavarría con mandos
del ERPI se produjo a mediados de 2001, aproximadamente, en la comunidad de
Ahuacotzingo, donde el dirigente entregó un maletín presumiblemente con dinero
para apoyar la causa.
Algunas versiones creíbles hablan de por lo
menos un encuentro más, ocurrido en las inmediaciones de Tlapa probablemente en
2008, así como un nuevo contacto con algunas bases del ERPI en otra región de
La Montaña, en los primeros meses de 2009, es decir, unos pocos meses antes de
su asesinato. En realidad, Chavarría estaba pavimentando su arribo a Casa
Guerrero, lo que incluía prever conflictos posteriores con los grupos
guerrilleros.
Así pues, si Chavarría mantenía una relación
afable con los líderes del grupo armado, no había razón para que éstos
ordenaran su homicidio. La ocurrencia de una supuesta reunión clandestina el 18
de agosto podría echarse abajo fácilmente si la Procuraduría indaga dónde
estuvo cada quien de los imputados por esas fechas.
Más recientemente surgió la versión de que
fueron agentes judiciales, que ya están muertos, quienes acatando órdenes
superiores habrían ejecutado a Armando Chavarría. Esa versión apunta
directamente a Zeferino Torreblanca, así como al entorno personal del exmandatario.
Con todo, más recientemente algunas
versiones proporcionaron una nueva hipótesis que resulta por lo menos
perturbadora: distintas fuentes creíbles señalan que el malogrado político
guerrerense fue asesinado por una célula del narcotráfico vinculada a Rogaciano
Alba Alvarez.
Según esos indicios, que no esclarecen el
móvil del atentado, una persona de nombre Hugo Higinio Carrillo Salmerón habría
estado directamente implicado en el homicidio. Esa persona estaría acompañada
por otras tres que integraban su equipo cercano.
Carrillo Salmerón fue asesinado
posteriormente, de una manera extraña, el 2 de diciembre de 2009 en los
linderos del municipio de Tlacoachistlahuaca, de donde era originario y donde
poseía un rancho ganadero denominado El Zapote, que trabajaba en sociedad con
su familia. Junto con Carrillo fueron acribillados las otras tres personas que
lo acompañaban, todos con nutrido fuego de fusiles y armas cortas. Aparentemente
no había razón para que atentaran contra el ganadero, muy conocido en la región
de Costa Chica.
Más tarde ocurriría un acontecimiento más
extraño aún: el 28 de marzo de 2011 una partida del Ejército Mexicano llevó a
cabo un cateo en ese rancho, así como a los predios vecinos denominados
Chalapia e Inmaculada, propiedad de su familia. En la incursión, los militaron
abatieron a un caporal apodado El Botas,
de extracción humilde, que en ese momento portaba un rifle 22, con el cual
difícilmente podría hacer frente a las poderosas armas de los soldados.
Todo esto enturbia más la situación dado que
la incursión de los militares en los ranchos de aquella familia jamás pudo ser
gratuita.
Si la
vinculación de los supuestos homicidas con una banda del narcotráfico fuera
verdad -aquí lo mencionamos como una mera versión sin confirmar-, entonces
cabría preguntarse qué relación había entre Chavarría y algún grupo del narco.
De hecho, otras fuentes señalan una relación
de amistad de Armando Chavarría con Mario Alberto Pineda, El MP, quien hasta 2009 era uno de los más cercanos colaboradores
de Arturo Beltrán Leyva, ultimado a su vez en diciembre de ese mismo año en Cuernavaca.
El caso es que El MP fue ejecutado
también en 2009 por órdenes del propio Beltrán Leyva, luego de que algunos
sucesos ocurridos en Acapulco condujeron al jefe del clan a pensar que Pineda
lo estaba traicionando.
El punto vital de todo este enredo es que,
desde mediados de 2008 en que se enemistaron, Beltrán le declaró una guerra a
muerte a Rogaciano Alba al extremo de que inclusive lanzó una andanada de
agresiones en su contra. En tal sentido, ese conflicto entre ambos personajes
polarizó a partir de la fecha la violencia en Guerrero.
Así las cosas, la Procuraduría de Justicia
tendrá que hacer un esfuerzo denodado para esclarecer totalmente el homicidio
de Chavarría con el fin de que la comunidad guerrerense, agraviada con su
muerte, pueda conocer la verdad y la justicia sobre este hecho que enlutó a la
ciudadanía. Esperemos los resultados de las investigaciones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario