16 enero 2008

Confirma recomendación sospechas, dicen periodistas y piden reabrir caso Amado Ramírez

Luego de señalar que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el asesinato del periodista Amado Ramírez Dillanes confirma las sospechas sobre las indagatorias, periodistas acapulqueños exigieron al gobierno estatal reabrir el caso.

Al leer un pronunciamiento en torno al caso en el zócalo de Acapulco,   la Comisión de Periodistas formada específicamente para atender el caso, formada por Maribel Helguera Sánchez, José Antonio Sánchez, Roberto Ramírez Bravo, Ignacio Hernández Meneses y Carlos Ortiz Moreno señaló que desde el inicio de las investigaciones se mantuvieron a la expectativa.

"Nuestra percepción, sin embargo, seguía siendo como hemos expresado en todo momento: que la indagatoria estuvo llena de irregularidades. Nos preguntábamos entonces: "¿Dónde quedó el móvil del crimen? ¿Por qué lo mataron? ¿Cómo se fraguó, por quién o por quienes el asesinato?", señalaron en el pronunciamiento.

Entre muchas otras preguntas, cuestionaron también: "¿Se mantiene la tesis inicial de la Procuraduría de que el crimen fue "por una muchacha"? Si ella tenía vínculos con Genaro Vázquez, pero no se conocía con Amado, ¿cuál es la relación? Y de Leonel Bustos, el otro arraigado: ¿de veras ningún elemento lo vinculaba al asesinato? ¿Cuál es su situación jurídica? ¿Cómo es que primero fue detenido por la PFP, interrogado por la PGR y en ese momento no se le encontró ningún delito federal, sólo ahora?"

       Señalaron algunos puntos de la recomendación enviada por la CNDH, en donde se estipula que hubo manipulación de testigos, simulación de pruebas, tortura, abandono de pistas, extralimitación en las funciones de la policía investigadora, allanamiento ilegal.

      Asimismo, "que tanto la PGR como la Procuraduría de Guerrero, colaboraron para fabricar culpables y centrar la atención sólo en la línea de los asuntos personales", acusaron, apoyados en el escrito de la CNDH.

     Los periodistas acapulqueños demandaron al gobernador de Guerrero, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, a que reabra la investigación sobre el asesinato de Amado Ramírez y ordene a la Procuraduría que se dé seguimiento a las otras pistas que constan en el expediente del caso.

        Entre las pistas mencionaron las amenazas recibidas por el corresponsal antes de su asesinato, su trabajo periodístico, los comunicados de supuesto grupo armado autodenominado Brigadas de Insurgencia Revolucionario, la tesis del complot desestabilizador, posible acción de delincuencia organizada y otros que en la misma CNDH menciona o que pudieran surgir.

     De igual forma exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca, y al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, que acepten en todos sus puntos y den cumplimiento a la recomendación 001/2008 de la CNDH, y se abra el proceso de investigación contra los funcionarios públicos citados en ella así como la averiguación previa por los probables delitos cometidos durante la indagatoria de este.

      Demandaron fincar responsabilidades penales correspondientes, tanto a los agentes del ministerio público que atestiguaron los hechos de tortura, como a los policías que lo cometieron y a los altos funcionarios de la Procuraduría de Justicia que con su pasividad permitieron que sucedieran.

     Al gobernador "lo exhortamos a valorar la conveniencia de retirar de su cargo al procurador Eduardo Murueta Urrutia, quien ha demostrado absoluta incapacidad no sólo para investigar los innumerables crímenes que han ocurrido en la entidad".

     En específico sobre el caso Amado Ramírez, argumentaron que sólo es un botón de muestra, sobre la falta de control de la actividad de los policías y agentes del ministerio público, "que regresan de manera burda a prácticas que se supondrían parte de un pasado ominoso de nuestra historia".

     "El asesinato de Amado Ramírez, sigue siendo el crimen de un periodista en ejercicio, ocurrido al momento de terminar su programa radiofónico y ello contiene elementos definitivamente ligados con la libertad de expresión. En un estado que se precie de democrático, la salvaguarda de esta libertad es una obligación, no sólo un buen deseo o un capricho", finalizaron.

 

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Juan José Belmonte Torres

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