Luego de que la secretaria general de Amnistía Internacional hiciera un recorrido por algunas poblaciones que podrían ser afectadas de construirse la presa La Parota con una delegación del organismo, el investigador de Amnistía Internacional en México, Rupert Knox, aseguró que el Estado debe garantizar el cese a las violaciones de los derechos humanos en la zona en conflicto por La Parota.
En conferencia de prensa, acompañado de Bernardo Barrera Hernández director de laOrganización No Gubernamental "Tlachinollan", Knox confirmó que sí encontró violaciones a los derechos humanos "ha habido algunos abusos de las detenciones que hubo contra defensores, contra opositores que sin fundamento legal en el sentido propio como el señor Chavez que tenía una orden de detención pero que se paró porque obtuvo un amparo este año. Ese tipo (de violaciones) sí es evidente".
Por tal motivo dijo que si en dado momento se llega a desalojar por la fuerza a los ejidatarios opositores al proyecto, habrían más violaciones, por lo que el estado tiene que cuidar de este proceso "para garantizar que no haya más violaciones y agravar la situación".
Rupert Knox dijo que Amnistía Internacional no está ni a favor ni en contra de la construcción del proyecto hidroeléctrico. "Las personas pueden tomar la posición que quieren y ese es su derecho pero lo que nosotros hacemos como organización internacional de derechos humanos es intentar analizar la situación, según esas normas e intentar interpretarla en esa situación".
Por tal motivo reconoció que sólo visitaron comunidades que se oponen al proyecto, "no hemos hablado con toda la gente que tiene perspectivas distintas", por lo que no pueden brindar una opinión definitiva y sólo pudieron algunos puntos en donde el Estado no ha logrado garantizar que no se vulneren los derechos de las personas.
El investigador de AI calificó de muy importante la posibilidad de que los comuneros tanto a favor como en contra del proyecto puedan escuchar la información del proyecto por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya que lo que falta no es un mecanismo de decisión, "sino de información".
"Al parecer, ni las personas que han votado a favor ni los que están en contra saben a ciencia cierta qué será el impacto en su vida este proyecto y por lo tanto sí funciona como un espacio para superar la conflictividad que ha habido y lograr un nivel de información que se puede diseminar ente la población que sería un avance muy importante", señaló el investigador.
Calificó de lamentable la división social existente entre los comuneros y que el Estado debe garantizar una función imparcial y garantizar un proceso inclusivo para la población afectada, además de un proceso de consulta genuina el cual no constataron que exista.
Informó que en el recorrido con la secretaria general de AI se confirmaron algunas amenazas contra miembros de las comunidades, "intimidaciones que ha habido entre los que están a favor y los que están, al menos identificados como a favor".
--
Juan José Belmonte Torres
No hay comentarios.:
Publicar un comentario